Más de cinco años de registros y reportes ambientales ahora están bajo análisis de la Fiscalía General de la Nación, que busca determinar posibles responsabilidades de la empresa Avidesa de Occidente S.A., perteneciente al Grupo MacPollo, por afectaciones en el Valle del Cauca.
El documento enviado por la Fiscalía solicita a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) el envío de todos los expedientes administrativos, sancionatorios y medidas preventivas aplicadas a Avidesa entre 2020 y 2026.
“En desarrollo de las labores de verificación y recaudo probatorio dentro de la indagación penal de la referencia, solicito se sirvan remitir copia íntegra de la totalidad de procesos administrativos sancionatorios ambientales, medidas preventivas, medidas cautelares, requerimientos y actas de visita adelantadas contra Avidesa de Occidente”, señala parte del oficio citado por Semana.
Antecedentes de afectaciones
Antes de la solicitud de la Fiscalía, la Gobernación del Valle del Cauca había reportado olores fuertes en Buga y posibles impactos en cuerpos de agua cercanos. Vecinos y autoridades ambientales denunciaron supuestos vertimientos que habrían afectado la quebrada Chambimbal, cerca de Tuluá.
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Según la CVC, la planta de tratamiento de aguas residuales de Avidesa presentó incumplimientos reiterados en límites máximos permisibles, incluyendo cloruros, sulfatos, sólidos suspendidos y niveles de pH fuera de norma.
La autoridad ambiental impuso medidas preventivas y sancionatorias, así como planes de acción, que debían ejecutarse antes de septiembre de 2024. Sin embargo, los documentos indican que no se alcanzó una solución estructural efectiva hasta esa fecha.
