La Policía del Valle desarticuló una red de extorsionistas que operaba al interior de la cárcel distrital de Buga. Los delincuentes utilizaban llamadas y mensajes de texto para intimidar a la comunidad, afectando principalmente a los comerciantes locales. Según el reporte oficial, los implicados pertenecen a la banda criminal ‘La Oficina de Buga’, grupo señalado como el principal dinamizador de homicidios y extorsiones en el municipio.
Durante la intervención, los uniformados requisaron 14 celdas y a 270 privados de la libertad. En el registro, las autoridades hallaron dispositivos tecnológicos clave para la actividad delictiva. Este operativo en Buga formó parte de una acción simultánea en otras cuatro cárceles del país: Girón, Tramacúa, La Dorada y Picaleña.
Incautaciones y control carcelario
El coronel Pedro Pablo Astaiza, comandante encargado de la Policía Valle, confirmó resultados contundentes en la requisa. Los agentes incautaron 46 celulares, 34 cargadores, 15 tarjetas SIM y 16 armas cortopunzantes. Además, los uniformados hallaron dos libras de marihuana dentro del centro de reclusión. Con estas acciones, la Policía busca neutralizar el mando criminal que los delincuentes ejercen desde las prisiones.
Las autoridades buscan fortalecer la seguridad ciudadana mediante el desmonte de estas plataformas operativas. El operativo pretende evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de comando para delitos en el exterior. Los controles rigurosos en los centros penitenciarios son fundamentales para reducir la capacidad de maniobra de estructuras como ‘La Oficina’, que golpean la tranquilidad de la “Ciudad Señora”.
Impacto en la seguridad regional
Este golpe debilita la estructura financiera de ‘La Oficina’, organización responsable de gran parte de la violencia en el centro del departamento. La Policía Nacional reiteró su compromiso de vigilar los centros de reclusión para frenar el flujo de comunicaciones ilegales. Las autoridades instan a la comunidad a denunciar cualquier intento de extorsión telefónica para rastrear el origen de las llamadas.
El desmantelamiento de esta red representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en el Valle del Cauca. La administración local y la fuerza pública coordinan nuevos esfuerzos para proteger el comercio formal y evitar el pago de cuotas ilegales. Mientras tanto, la Fiscalía procesará los nuevos elementos probatorios encontrados para imputar cargos adicionales a los reclusos implicados en estas actividades.
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