La situación de seguridad en Buenaventura alcanzó niveles críticos para el sector comercial en este mes de abril. El incremento de las extorsiones obligó a varios propietarios de negocios a cerrar sus puertas de manera definitiva. Esta problemática afecta principalmente a los establecimientos ubicados en el centro del puerto. Los afectados señalan que grupos delincuenciales exigen pagos de hasta dos millones de pesos para permitirles operar, una cifra imposible de cubrir para los pequeños empresarios.
El temor a sufrir represalias directas frena la presentación de denuncias formales ante las autoridades. Muchos comerciantes optan por el silencio o el abandono de sus actividades económicas para proteger sus vidas. Según reportes locales, existen registros de personas que debieron abandonar la ciudad tras intentar denunciar estas presiones. Este ambiente de inseguridad generó un desplazamiento silencioso de emprendedores y el cese de operaciones en locales tradicionales del sector productivo.
Impacto en la economía y el empleo local
El cierre sistemático de negocios impacta negativamente la dinámica económica del principal puerto del Pacífico. La reducción de la actividad comercial limita las oportunidades de empleo y disminuye el flujo de ventas en toda la ciudad. La incertidumbre se apoderó de los empresarios, quienes ven cómo el control de grupos ilegales asfixia el crecimiento del sector. La falta de garantías de seguridad impide que nuevos inversionistas se interesen por la región.
La comunidad comercial advierte sobre una caída drástica en el consumo local debido al miedo generalizado. Los habitantes evitan transitar por ciertas zonas comerciales, lo que agrava la crisis financiera de los establecimientos que aún permanecen abiertos. Esta cadena de afectaciones debilita la estructura social y económica de Buenaventura en un momento clave para su desarrollo logístico y portuario.
Llamado urgente a las autoridades
Ante esta situación, la comunidad y el gremio comercial solicitan un refuerzo urgente en las acciones de seguridad. Los afectados piden a las autoridades implementar mecanismos de vigilancia y protección que faciliten la denuncia segura. El sector productivo espera garantías institucionales para recuperar la estabilidad y operar sin la presión de pagos ilícitos. Una intervención integral que es necesaria para frenar el avance de la delincuencia y proteger la economía de Buenaventura.
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