Ana Erazo, concejala de Cali por el Pacto Histórico, le confirmó a CW+ que citará a debate de control político a la secretaria de cultura, Leydi Higidio, por un presunto “carrusel de contratos” en Litoral, la tienda de artesanías de la Alcaldía. Con base en derechos de petición solicitados a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Alcaldía, Erazo denunció que entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Litoral ha recibido dos contratos que suman $2.742 millones de pesos.
Erazo aseguró que espera que el presidente del Concejo, Edison Lucumí, “mande el orden del día”, para hacer la respectiva citación al control político. Según la concejala, la Alcaldía ha invertido 440 millones para adecuar los módulos de la tienda y firmó un contrato por 493 millones. Además, tanto para la administración de Litoral, como para la atención, la concejal aseguró que la Alcaldía pagará un salario de más de 9 millones por persona.
Erazo denunciará oficialmente ante la Procuraduría y la Contraloría. Hasta ahora, ni el alcalde Alejandro Eder, ni la Secretaría de Cultura se han pronunciado al respecto.
La polémica por Litoral, que pone a Taliana Vargas en el centro
El proyecto “Artesanías del suroccidente y del Pacífico colombiano”, registrado con la marca de Litoral, es una tienda de artesanías del Pacífico lanzada por la Alcaldía en octubre de 2024, en el marco de la COP16. Está en la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares (IUIPC) —el antiguo edificio Coltabaco—. La esposa del alcalde y gestora social de su Alcaldía, Taliana Vargas, ha sido la cara visible de la marca y su precursora.
Sin embargo, que Vargas sea el centro de Litoral, ha causado polémica. Los concejales del Pacto Histórico y otros del Partido Verde, como Rodrigo Salazar, lo han cuestionado. En diciembre del año pasado, Salazar alertó que Cali podría “perder” el antiguo edificio de Coltabaco, porque Eder habría permitido su uso comercial para la tienda apadrinada por su esposa. Según Salazar, eso “violaría” una cláusula de su donación, que fue encaminada para ser la sede de la IUIPC.
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En ese entonces, hubo protestas de la comunidad académica que denunciaba atrasos en la entrega del edificio y su uso para fines de la Alcaldía. La Unidad Administrativa de Gestión de Bienes y Servicios señaló que el atraso era por la capacitación del personal del IPC para el manejo de sus instalaciones.
