Un nuevo caso de agresión verbal y racismo ha generado repudio en Cali, luego de que circulara un video donde un ciudadano increpa de forma violenta a un guarda de tránsito en el barrio San Fernando. En las imágenes, el sujeto lanza insultos y comentarios discriminatorios mientras viste una camiseta tipo polo con el logo de uno de los productos de la Industria Licorera de Caldas (ILC).
El video se difundió rápidamente en redes sociales y muchas personas comenzaron a señalar a la reconocida empresa licorera como vinculada al agresor. Algunas cuentas en X (antes Twitter) incluso insinuaron que el hombre hacía parte de su equipo de trabajo. La situación se convirtió en tendencia y despertó todo tipo de comentarios, lo que obligó a la empresa a emitir un comunicado de forma inmediata.
En su respuesta, la Industria Licorera de Caldas aclaró que rechaza lo ocurrido y lamenta que un funcionario público haya sido víctima de ese comportamiento. Sin embargo, dejó claro que la persona en cuestión no es parte de su planta directa de empleados, sino que hace parte del equipo de colaboradores del distribuidor oficial en el Valle del Cauca.
La empresa se desmarca y anuncia medidas
La ILC explicó que el hombre hace parte del personal de la empresa Commerk S.A.S., encargada de distribuir sus productos en esa región. Aun así, afirmaron que coordinarán con el distribuidor las medidas necesarias frente a un hecho que calificaron como lamentable y alejado de los principios que promueve la compañía. Con esto, buscaron desligarse de cualquier vínculo directo con el agresor y reafirmar su postura de rechazo.
Por su parte, Commerk también publicó un comunicado dirigido a la opinión pública. En este mensaje, la empresa confirmó que el hombre sí es parte de su equipo y rechazó enfáticamente su comportamiento. Señalaron que la actitud expresada en el video no representa los valores que promueven como organización, y anunciaron que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes.
El hecho ha despertado una fuerte conversación sobre la responsabilidad de las empresas frente a los actos de sus trabajadores y la necesidad de mantener estándares claros en el trato con funcionarios públicos. Tanto ILC como Commerk enfatizaron que se trató de una acción individual, que no cuenta con respaldo institucional.
El agresor podría enfrentar hasta 8 años de cárcel
El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, también se pronunció de manera enérgica. Desde la administración del alcalde Alejandro Eder anunciaron que el caso no quedará solo en sanciones internas. “Vamos a actuar con todo el peso de la ley”, aseguró Orozco. Según explicó, se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de discriminación agravada y violencia contra servidor público.
El funcionario advirtió que, si el caso es aceptado por un juez de control de garantías, el agresor podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión. Enfatizó que este tipo de conductas no se pueden tolerar en una ciudad que busca fortalecer el respeto y la convivencia entre sus ciudadanos.
Además, Orozco hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos y se solidarice con los funcionarios que a diario enfrentan situaciones de violencia en las calles. Dijo que desde la Secretaría se brindará apoyo legal y acompañamiento al guarda agredido.
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El video continúa circulando en redes sociales y el rechazo generalizado se ha mantenido. Muchos usuarios piden que el caso no quede impune y que se tomen acciones ejemplares para evitar que este tipo de comportamientos se repitan en el futuro.
