El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó un mensaje claro y sin rodeos al presidente Gustavo Petro, en medio de la creciente ola de violencia que golpea al suroccidente colombiano. “El Presidente puede ir a la zona que quiera, cuando quiera. Si está mañana en Cali, que bueno sería que hablemos de seguridad”, expresó Éder, aludiendo a la posibilidad de que el mandatario visite la ciudad en las próximas horas.
La frase, pronunciada con firmeza, no es un simple gesto de cortesía institucional. Es un llamado urgente a que el jefe de Estado enfrente de manera directa una realidad cada vez más crítica en el Valle del Cauca. Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura han sido escenario de extorsiones, atentados y amenazas de grupos armados ilegales, hechos que mantienen a sus habitantes en zozobra.
Un llamado al diálogo, no a la confrontación
Lejos de adoptar una postura confrontativa, Éder dejó claro que su intención es dialogar. Su mensaje invita a que la presencia del presidente no sea protocolaria, sino un punto de partida para construir soluciones conjuntas. “Estamos listos para trabajar juntos. Pero necesitamos decisiones claras y apoyo inmediato”, han señalado desde la Alcaldía.
Además, el alcalde también busca respaldo frente a lo que considera una situación fuera de control. Los grupos armados ilegales continúan expandiendo su influencia, con atentados recientes que ya han cobrado vidas. La seguridad, dice, no puede seguir postergándose por disputas políticas o agendas paralelas.
La voz de Éder no está sola. Una carta firmada por los alcaldes de Jamundí, Palmira y Buenaventura respalda la necesidad de una estrategia integral. Los mandatarios locales piden que se reconozca el impacto real de la violencia en sus territorios. Para ellos, la coordinación con el Gobierno Nacional ya no es opcional, sino urgente.
Según cifras de las Fuerzas Militares, en los últimos días se han registrado 19 atentados en Cauca y Valle del Cauca. Las estructuras disidentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Roberto Ramos han sido identificadas como responsables. Los ataques han dejado cinco personas muertas, entre civiles y uniformados, y han puesto en riesgo a comunidades enteras.
