El país vuelve a estremecerse tras los atentados ocurridos en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. En las últimas horas, tres policías han sido asesinados y al menos 13 municipios han sufrido impactos directos por la ofensiva de grupos armados ilegales. Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una respuesta inmediata del Estado.
Como primera medida, el ministro confirmó una recompensa de hasta $300 millones. Esta suma se ofrecerá a quienes suministren información que permita capturar a los responsables de los atentados en el Valle o prevenir nuevas acciones violentas. “Vamos a encontrarlos y llevarlos ante la justicia”, enfatizó Sánchez en su intervención desde Bogotá. Para recibir denuncias, el Ministerio habilitó las líneas 107 y 157, que estarán operativas las 24 horas.
Refuerzo de la presencia en el territorio
Una de las estrategias clave será la creación de una Burbuja de Inteligencia que operará en tiempo real. Esta unidad estará compuesta por miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia del Estado. Su misión será analizar y anticipar los movimientos de los grupos armados. Con esta herramienta, se busca cortar de raíz la planeación de nuevos atentados. También se pretende identificar las rutas de escape, las redes de apoyo logístico y los cabecillas de las estructuras ilegales.
Paralelamente, el Gobierno ordenó el despliegue inmediato de unidades especiales en las zonas afectadas. Tropas del Ejército y comandos de la Policía llegarán a los municipios en riesgo. Su objetivo es garantizar el control territorial y reaccionar con rapidez ante cualquier amenaza. “Esta es una respuesta integral. No vamos a permitir que el miedo se instale en nuestras regiones”, sostuvo el ministro.
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El plan contempla una coordinación permanente con alcaldes, gobernadores y líderes comunitarios. La idea es articular esfuerzos y decisiones para blindar la seguridad desde lo local. Además, la Fiscalía General de la Nación ya trabaja en los procesos judiciales. Se espera acelerar la identificación, individualización y judicialización de los autores materiales e intelectuales de los atentados.
La ofensiva del Ministerio de Defensa busca enviar un mensaje claro y es que el Estado no permitirá que el terror se apodere del suroccidente colombiano. Con inteligencia, acción militar y cooperación ciudadana, el Gobierno promete recuperar la tranquilidad de los territorios golpeados.
