Cali se convirtió en la primera ciudad de Colombia en implementar cámaras corporales para sus agentes de tránsito. A partir de hoy, 300 funcionarios portarán estos equipos, conocidos como bodycams, pegados a su uniforme. El objetivo es registrar cada palabra y movimiento durante los operativos en vía. Esta medida llega en un momento de tensión entre la ciudadanía y los agentes, marcados por constantes denuncias de corrupción y agresiones mutuas.
La tecnología, suministrada por EnRuta, permite la vigilancia constante. Cada video se sube a una nube con cadena de custodia, lo que impide que el material sea borrado o editado por el agente. Según la gerencia de EnRuta, esto garantiza una evidencia objetiva para la Fiscalía o los jueces. Ya no será la palabra del ciudadano contra la del guarda; ahora habrá un registro fílmico que soporte cada sanción o captura.
Vigilancia desde un centro de mando
Los dispositivos no son solo cámaras de grabación pasiva. Cuentan con un botón de pánico y conexión directa con el centro de control de la Secretaría de Movilidad. Esto permite que los supervisores vean, en tiempo real, lo que ocurre en los puestos de control. Si un ciudadano siente que sus derechos son vulnerados, puede exigir que el guarda active la comunicación con la central para reportar la irregularidad en el acto.
La agente Claudia Patricia García destacó que esta herramienta también busca frenar la violencia contra los funcionarios. En Cali, los ataques físicos a los guardas son frecuentes cuando se intenta imponer una multa. Con la cámara encendida, se espera que el comportamiento de ambas partes cambie, apelando al respeto a la autoridad y al debido proceso. Además, los videos serán claves en accidentes con víctimas para determinar responsabilidades sin margen de error.
Transparencia bajo la lupa ciudadana
El Secretario de Movilidad, Sergio Moncayo, fue enfático en que estas cámaras no son para fotomultas. Su función es estrictamente de control y transparencia. El sistema pretende “blindar” la interacción vial, reduciendo el margen para el soborno o el maltrato. Sin embargo, el éxito de la medida dependerá de que el ciudadano denuncie y solicite el acceso a estas grabaciones cuando existan dudas sobre el actuar del funcionario.
Con este despliegue, la ciudad busca igualar estándares de seguridad de grandes capitales como Nueva York o Londres. El reto para la Alcaldía es demostrar que la tecnología puede limpiar la imagen de una institución profundamente cuestionada. El uso de las bodycams es obligatorio desde este 20 de abril y será la prueba reina en cualquier proceso disciplinario o penal que se inicie tras un operativo en las calles caleñas.
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