El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para identificar a los responsables de las amenazas de muerte contra el secretario de Movilidad, Sergio Moncayo. El mandatario calificó el hecho como una situación de extrema gravedad. Según la denuncia, el funcionario recibió un correo electrónico donde se intimida tanto a su familia como al cuerpo de guardas de tránsito de la ciudad.
El mensaje amenazante utiliza el nombre de las disidencias de las Farc para generar temor. Eder enfatizó que estas acciones buscan frenar las labores de autoridad vial en la capital del Valle. Las autoridades ya iniciaron el rastreo técnico del mensaje para determinar su origen real y proteger la integridad de los servidores públicos afectados.
Un patrón de inseguridad contra mandatarios locales
Este nuevo caso de intimidación se suma a una lista de amenazas contra líderes locales en todo el país. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también denunció recientemente amenazas contra su núcleo familiar. Con este reporte, los mandatarios de las cuatro ciudades principales de Colombia han recibido intimidaciones durante sus mandatos actuales.
Para el alcalde Eder, este escenario refleja un deterioro de la seguridad a nivel nacional. El mandatario reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que priorice la protección de los ciudadanos y de las instituciones. Según su declaración, el aumento de la violencia contra las autoridades locales dificulta la capacidad de las ciudades para atender las necesidades de la población.
Continuidad de la gestión institucional
Pese al riesgo, la Alcaldía de Cali confirmó que las medidas de control y vigilancia no se detendrán. El gobierno local fortalecerá la articulación con la Policía y el Ejército para garantizar la tranquilidad en las calles. La administración busca que estas amenazas no debiliten la capacidad operativa de la Secretaría de Movilidad en los operativos contra la ilegalidad.
La recompensa de 20 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana para desarticular estas redes de presión. Las autoridades locales mantendrán los protocolos de seguridad activos para proteger a los guardas de tránsito y directivos. El objetivo final es asegurar que la institucionalidad prevalezca sobre los intentos de coacción de grupos armados o delictivos.
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