El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en representación del Gobierno Nacional, presentó una denuncia penal contra la aerolínea Viva Air, como “consecuencia del intempestivo cierre de las operaciones, los traumatismos, perjuicios causados a miles de colombianos y la evidente paralización en la prestación del servicio de transporte aéreo”.
Puntualmente, a la empresa se le acusa de los delitos de estafa agravada en modalidad masa, ofrecimiento engañoso de productos y servicios, entre otros.
Desde el Gobierno argumentan la denuncia con lo siguiente:
- La aerolínea recaudó antes del cese de las operaciones, ocurrido el pasado 27 de febrero de 2023, una suma que asciende (de manera preliminar) 272.000 millones de pesos, por concepto de la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes.
- La aerolínea mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo.
- La aerolínea, sabiendo que no podía cumplirles a sus usuarios, los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse.
- A la fecha, la aerolínea no ha realizado reembolso alguno a los miles de afectados, vulnerado con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.
- “Esta actuación generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades
- administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitado meses atrás”, agregó el Ministerio de Transporte.
Finalmente, se hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que realice las investigaciones necesarias y se conozca “qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos puestos en consideración”.