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Investigan a militares por robo de armas para grupos guerrilleros

Las autoridades están investigando a cerca de un centenar de militares por su presunta participación en el robo de armas y municiones desde varias guarniciones militares en Colombia. El material sustraído, según las autoridades, termina en manos de grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Durante este año, ya se han vinculado 99 uniformados a procesos judiciales por estos hechos, una cifra que pone en evidencia la grave situación al interior de las Fuerzas Armadas.

En uno de los casos más recientes, capturaron a seis militares: cinco adscritos al Fuerte Militar de Tolemaida y uno al Batallón de Ingenieros.

Este episodio es solo uno de los varios en los que las autoridades han desmantelado redes de tráfico de armas operadas por uniformados. Otra investigación reveló la existencia de una red de al menos 13 militares dedicada al robo de armamento de diferentes batallones del Ejército.

La red de tráfico de armas opera en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Meta, Nilo (Cundinamarca) y Cauca. Las investigaciones han demostrado que las armas robadas tienen como destino grupos armados ilegales, entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Incluso se ha identificado a disidentes que colaboran con miembros de la Fuerza Pública para llevar a cabo estos negocios ilícitos.

José Bladimir Bohada, exmiembro de las FARC, es uno de los principales involucrados. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le indultó, pero en 2023 se volvió a vincular a la delincuencia organizada. Bohada aprovechó su cercanía con un cabecilla para participar en la venta de armas y municiones a grupos armados. Las autoridades señalan que el Fuerte Militar de Tolemaida se ha convertido en un punto clave para la extracción de armamento. Esto ha suscitado la preocupación tanto de la Fiscalía como del Ejército.

El Ejército Nacional ya está tomando cartas sobre el asunto

Frente a esta situación, el Ejército Nacional ha asegurado que está tomando medidas frente a los casos de corrupción interna. “No podemos ocultar lo que sucede dentro de la institución, pero estamos actuando ante los casos que conocemos”, declararon en un comunicado. Aunque reconocen que dentro de una organización de 185.000 personas puede haber fallos, subrayan que se están tomando las acciones pertinentes contra quienes no cumplen con los valores éticos que se esperan de la institución.

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Mientras las investigaciones avanzan, las autoridades buscan ampliar la lista de implicados en el tráfico de armamento, que incluye fusiles, granadas y municiones. Los esfuerzos por desmantelar estas redes internas continúan, aunque los desafíos para frenar el flujo de armas hacia grupos ilegales siguen siendo enormes.

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