Ayer, 25 de octubre, la Procuraduría General de la Nación hizo pública la existencia de una red de corrupción, apodada el ‘Cartel de los Hospitales’, que operaba en Empresas Sociales del Estado (ESE) en Colombia. Esta red se dedicaba a desviar recursos destinados a la salud a través de cobros coactivos irregulares, vulnerando las normas de inembargabilidad de estos fondos.
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La investigación, que comenzó en 2023 tras la emisión de la Circular 02 por parte de la Procuraduría, detectó embargos ilegales que comprometían la seguridad social en salud. Estos fondos, protegidos constitucionalmente, no debían ser embargados, excepto en circunstancias muy limitadas. Sin embargo, con la complicidad de representantes legales de las ESE y algunos jueces, se emitieron órdenes que autorizaban retenciones ilegales.
Los procedimientos de cobro coactivo se utilizaron de forma irregular, desviando recursos de entidades responsables de la salud pública. La Procuraduría identificó un grupo de abogados que, al asesorar a los representantes de las ESE, lograban apropiarse de hasta un 30% de los recursos recaudados indebidamente.
La implicación de jueces en este esquema, al emitir sentencias que permitían estos embargos, evidenció la gravedad de la corrupción. Además, se advirtió sobre la emisión de actos administrativos que ordenaban embargos de recursos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Como resultado, la Procuraduría alertó a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y la Superintendencia Financiera de Colombia tomó medidas para reforzar los controles y evitar la participación de entidades financieras en estos embargos ilegales. La situación refleja un preocupante uso indebido del sistema judicial y administrativo en detrimento de la salud pública en el país.
