Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el gobierno colombiano reconoció, por primera vez, su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, en pleno vuelo entre Bogotá y Barranquilla. La confesión fue hecha por César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Quien admitió que el magnicidio, realizado por el sicario Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, estuvo vinculado tanto a grupos paramilitares como a funcionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), responsables de la seguridad del entonces candidato presidencial.
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Pizarro, quien había dejado las armas tras firmar un Acuerdo de Paz con el gobierno, fue ejecutado cuando llevaba solo 49 días de haber iniciado su vida civil. Su muerte, un golpe al proceso de paz y a la democracia del país, fue facilitada por la complicidad de miembros del DAS. Quienes planearon y encubrieron el crimen, según lo demostrado por los expedientes judiciales.
El presidente Gustavo Petro expresó su reconocimiento a la familia de Pizarro. Especialmente a su hija María José Pizarro, quien ha luchado por décadas para lograr justicia por la muerte de su padre. En su intervención, la congresista destacó que la tragedia de su familia representó el sufrimiento de muchas generaciones que crecieron bajo la amenaza de la violencia política en Colombia. “Me arrebataron mi hogar, mi seguridad, y esas son las circunstancias en las que crecieron millones de colombianos”, dijo María José Pizarro. Por lo que se refirió a la falta de garantías que sufrió su familia durante aquellos años.
Aceptación de violación a lo derechos de Pizarro
Además de admitir la responsabilidad en la violación de los derechos de Pizarro a la vida, la libertad de expresión y la participación política. Colombia también reconoció las falencias del aparato judicial en el esclarecimiento de los hechos, que fueron demoradas por más de tres décadas. Solo recientemente se avanzó en el proceso judicial, con la condena de Jaime Ernesto Gómez, escolta de Pizarro, y la vinculación de varios miembros del DAS en el complot.
Por otro lado, las disculpas públicas también incluyeron un reconocimiento a los perjuicios sufridos por María José Pizarro. Ya que, cuando siendo niña no pudo salir del país con su madre debido a las restricciones impuestas por el gobierno de la época. La situación se resolvió cuando la madre de María José cambió su apellido para conseguir el permiso de salida.
Con este acto, el gobierno colombiano da un paso importante en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. Pues, al reconocer públicamente la responsabilidad estatal en este asesinato, el cual marcó un hito en la violencia política de los años 90.
