En un nuevo escándalo de corrupción en las Fuerzas Militares de Colombia, la Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de tráfico de armas integrada por miembros activos, retirados y pensionados de la institución. La red, que operaba en varias regiones del país, se encargaba de sustraer piezas de armamento de bases militares. Esto para su posterior venta a grupos armados ilegales. Durante los operativos, fueron capturados un total de nueve individuos, incluidos cinco soldados activos, dos retirados y dos pensionados.
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Los detenidos, entre los que se encuentran los sargentos Luis Carlos Buitrago, Anderson Sánchez, Raúl Leonardo Becerra, y otros, están acusados de extracción ilegal de piezas de armamento de bases como Tolemaida (Cundinamarca), Larandia (Caquetá) y el almacén de Indumil, también en Caquetá. Las piezas sustraídas eran ensambladas fuera de las bases y luego vendidas a organizaciones criminales que operan en diferentes regiones de Colombia.
Las investigaciones, lideradas por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, revelaron que los involucrados recibían pagos en efectivo, con el fin de evitar rastros digitales. Aunque la mayoría de los arrestados rechazaron los cargos, el sargento Valencia aceptó su responsabilidad. Un juez de control de garantías ha ordenado que los detenidos permanezcan bajo arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
En mayo se dio a conocer una red similar en las Fuerzas Militares
Este caso no es el primero de este tipo en 2024. En mayo, otros tres militares fueron arrestados por su participación en una red similar que traficaba armas a grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. La Fiscalía destacó que estos casos representan una grave amenaza a la seguridad nacional, al permitir que armas del Estado lleguen a manos equivocadas.
El escándalo pone de relieve la infiltración de elementos corruptos dentro de las Fuerzas Militares y resalta la necesidad de reforzar la vigilancia interna. Con el fin de evitar que recursos del Estado sean utilizados en beneficio de organizaciones criminales. Las investigaciones continúan, y las autoridades aseguran que no descansarán hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.
