Cumpliendo con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019, que exige a los funcionarios públicos la publicación de su declaración de renta, Armando Benedetti, asesor presidencial y exembajador de Colombia ante la FAO, dio a conocer los detalles de su situación fiscal correspondiente al año gravable 2023.
Según el documento, Benedetti posee un patrimonio líquido de 2.001.984.000 de pesos, respaldado por un patrimonio bruto que alcanza los 3.049.456.000 de pesos.. Este total incluye deudas que suman 1.047.472.000 de pesos. En cuanto al impuesto sobre la renta, el exembajador pagó 80 millones de pesos durante el último periodo fiscal.
El exembajador detalló en su declaración que sus ingresos durante 2023 fueron de 583 millones de pesos, provenientes exclusivamente de conceptos salariales por su desempeño como embajador. En cuanto a su patrimonio, Benedetti informó ser propietario de un apartamento en Bogotá, valorizado en 2.475 millones de pesos. También señaló obligaciones financieras, incluyendo un préstamo de 500 millones de pesos, un leasing de 423 millones y una tarjeta de crédito.
En su declaración de bienes, rentas y conflictos de interés, Benedetti afirmó no tener ninguna incompatibilidad que afecte sus funciones.
Entre los más destacados del gobierno Petro
El patrimonio de Benedetti lo ubica entre los funcionarios con mayores recursos dentro del gobierno de Gustavo Petro. En este ranking, el primer lugar lo ocupa Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, quien reporta un patrimonio líquido de 8.407 millones de pesos. Le siguen Iván Velásquez, ministro de Defensa, con 2.815 millones, y Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, con 2.019 millones.
Benedetti se encuentra en la cuarta posición, destacando también por el incremento en su patrimonio, que pasó de 1.370 millones en 2020 a 2.001 millones en 2023, reflejando un crecimiento de 631 millones de pesos en tres años.
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Sin embargo, su inclusión en el grupo de funcionarios con mayores patrimonios sigue generando atención. Especialmente en un contexto de creciente escrutinio hacia las finanzas personales de los servidores públicos.
