En medio de la escalada de violencia en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro anunció este lunes 20 de enero la implementación de un estado de conmoción interior y emergencia económica. Aunque la medida busca enfrentar la crisis en esta región dominada por grupos armados ilegales, su anuncio provocó una avalancha de reacciones en el ámbito político, con críticas que apuntan tanto a sus implicaciones como a los antecedentes de decisiones similares.
El mandatario justificó la declaratoria afirmando que esta medida no solo representa una intervención militar, sino también un punto de partida para la transformación económica en zonas afectadas por el conflicto. A través de su cuenta de X, Petro insistió en que garantizar el desarrollo económico es esencial para alcanzar la paz. “El copamiento militar debe ir acompañado de inversión y desarrollo que beneficien a las comunidades”, escribió, destacando la necesidad de romper el círculo de violencia mediante soluciones estructurales.
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Para la oposición, esta declaración es vista como un intento de centralizar poder bajo el argumento de la emergencia.
La oposición y los señalamientos de oportunismo
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, fue una de las primeras en pronunciarse. En sus redes sociales, calificó la medida como una contradicción por parte del mandatario, quien había criticado estados de excepción en gobiernos anteriores. “Lo que para Petro antes era dictatorial, ahora es necesario. Estos estados de emergencia parecen ser más herramientas políticas que soluciones reales”, señaló, recordando episodios pasados como el escándalo de corrupción en La Guajira tras una emergencia económica.
El expresidente Iván Duque lanzó una dura crítica contra la medida, señalándola como una estrategia política disfrazada de necesidad. “Utilizar la tragedia del Catatumbo para revivir un adefesio de reforma tributaria es la politización del dolor de las víctimas del terrorismo, un despropósito jurídico y un tenebroso acto de oportunismo político”, expresó en la red social X.
En un tono similar, Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, alertó sobre los riesgos de centralización del poder. Según el congresista, la declaratoria de conmoción interior otorga al Ejecutivo herramientas para emitir decretos con fuerza de ley, dejando de lado al Congreso. “Petro… lo hizo para tener la excusa perfecta de decretar la conmoción interior y pasarse al Congreso por la faja”, afirmó. Además, recordó que ni siquiera durante el paro nacional en el gobierno de Duque se recurrió a esta medida.
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Críticas desde el Congreso y exfuncionarios
El senador Carlos Fernando Motoa, vocero de Cambio Radical, también expresó su desacuerdo, calificando la medida como tardía e ineficaz. “La conmoción interior no soluciona lo que ocurre en el Catatumbo. Lo que se requiere es mayor presupuesto para el Ministerio de Defensa y políticas públicas claras para enfrentar a los criminales”, aseguró.
Por su parte, el exmagistrado y exministro de Justicia Wilson Ruíz se mostró preocupado por las implicaciones jurídicas de la medida, señalándola como extrema. Según Ruíz, esta decisión permite la expedición de decretos sin control legislativo, lo que podría generar abusos. “Es evidente que el presidente Petro no ha mostrado un plan coherente para garantizar la seguridad en el Catatumbo. Ahora busca escudarse en medidas extraordinarias”, advirtió.
Asimismo, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, fue contundente al culpar al Gobierno por la situación actual. “El caos de la paz total de Petro terminó en conmoción interior”, afirmó.
Sin embargo, pese a todas las críticas, en el ámbito local, algunos mandatarios han mostrado apoyo a las comunidades vulnerables. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, anunció el envío de alimentos no perecederos para aliviar la crisis humanitaria en la región.
Finalmente, con las críticas en aumento, la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo ha profundizado la división política en Colombia. Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de la medida, opositores advierten sobre posibles abusos de poder y una desconexión con las realidades locales. La Corte Constitucional tendrá la tarea de evaluar el alcance y las consecuencias de esta decisión para el país.
