En un importante golpe contra la trata de personas, las autoridades extraditaron el 21 de marzo de 2025 a Cristóbal Fernández Viamonte a México. La policía lo capturó el 10 de julio de 2024 en Medellín, donde lideraba una red de explotación sexual que reclutaba mujeres en Colombia bajo engaños.
Fernández Viamonte, quien operaba desde el exclusivo barrio El Poblado en Medellín, utilizaba su aparente vida de empresario para atraer a mujeres en situaciones de vulnerabilidad económica. Cristóbal Fernández reclutaba a las víctimas en diversas ciudades colombianas como Cali, Medellín y Bogotá, prometiéndoles empleo en México, principalmente en Cancún y Mérida. Sin embargo, al llegar a su destino, les quitaban los pasaportes, las obligaban a firmar contratos fraudulentos y las sometían a deudas impagables.
Así mismo, la organización utilizaba cartas de invitación falsas para pasar desapercibida ante los controles migratorios, y las mujeres eran explotadas sexualmente en condiciones extremas, bajo amenaza constante de deuda y sin posibilidad de escapar.
La colaboración internacional detrás de la captura
Esta extradición fue el resultado de una investigación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de México, la cual se extendió por más de tres meses. Además, as autoridades colombianas localizaron al criminal en Medellín, donde mantenía un alto perfil de seguridad, usando vehículos blindados y documentos falsos para evitar que lo detectaran.
Por su parte, en México, la Policía Federal Ministerial arrestó a alias “la Capitana”, encargada de recibir y coordinar la explotación de las víctimas en territorio mexicano. Durante esta operación, fueron rescatadas ocho mujeres que estaban siendo retenidas por la red criminal.
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Se estima que la red de Fernández Viamonte acumuló un patrimonio de más de 8.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente 2 millones de dólares. Las autoridades han logrado identificar propiedades, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal, lo que ha facilitado el proceso de incautación de bienes.
Este suceso es un paso crucial para desmantelar esta red multinacional de trata de personas. Las autoridades mexicanas esperan que el proceso judicial permita descubrir más detalles sobre otros posibles involucrados y seguir el rastro de los fondos ilícitos generados por la explotación de las víctimas.
