Una acción de tutela admitida por el Consejo de Estado podría convertirse en un obstáculo clave para uno de los mecanismos más ambiciosos del presidente Gustavo Petro: la consulta popular. La decisión, tomada el 16 de abril por la Sección Quinta del alto tribunal, reabre el debate sobre el trámite de las reformas sociales y el uso de recursos públicos para convocatorias ciudadanas de gran escala.
El ciudadano que interpuso la tutela, Breyner Aaron, argumenta que sus derechos fundamentales fueron vulnerados tanto por el mandatario como por la Comisión Séptima del Senado. A su juicio, el anuncio de la consulta, hecho por Petro a través de redes sociales, carece de un sustento que garantice la participación efectiva de la ciudadanía y podría implicar un gasto desproporcionado para el Estado, cercano a los 500.000 millones de pesos.
Más allá del impacto económico, la tutela pone sobre la mesa un tema de fondo: cómo se están discutiendo las reformas del Gobierno. El demandante considera inaceptable que iniciativas como la reforma laboral, archivada por segunda vez en la Comisión Séptima del Senado, hayan sido frenadas por una célula legislativa compuesta por apenas ocho senadores, sin pasar por una deliberación del Congreso en pleno.
Esta situación, según el accionante, vulnera el principio democrático y reduce la participación de los 280 congresistas en decisiones que afectan a millones de ciudadanos. En ese sentido, solicita que se aplique la excepción de inconstitucionalidad al artículo 2 de la Ley 754 de 2002, que permite a las comisiones especializadas archivar proyectos sin llegar a una votación general.
El precedente de la consulta anticorrupción pesa sobre el proceso
Uno de los puntos clave en el argumento del demandante es la comparación con la fallida consulta anticorrupción de 2018. Aunque contó con un respaldo ciudadano importante y una campaña masiva, no alcanzó el umbral necesario para convertirse en mandato. Ahora, con una consulta que tendría que superar los 13,6 millones de votos y lograr más de 6,8 millones de apoyos por pregunta, la viabilidad del mecanismo es incierta.
Para el ciudadano que interpuso la tutela, el riesgo no solo está en la baja participación, sino también en la posibilidad de que se gaste una suma multimillonaria sin resultados concretos. La preocupación es compartida por sectores que han advertido sobre el uso de este tipo de mecanismos como atajos para sortear las trabas legislativas.
Con la admisión de la tutela, el Consejo de Estado ordenó notificar al presidente Gustavo Petro y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la senadora conservadora Nadia Blel. Ambos deberán rendir explicaciones sobre el proceso que dio pie a la convocatoria de la consulta popular y el papel que jugó la Comisión en el archivo de las reformas.
Esta decisión no implica todavía un fallo de fondo, pero sí marca un hito en la discusión sobre la gobernabilidad del actual mandato. Si la tutela prospera, no solo podría frenar la consulta popular, sino también abrir un debate profundo sobre cómo deben tramitarse las grandes reformas en el Congreso colombiano.
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En medio de una legislatura compleja y con varias derrotas acumuladas para el Ejecutivo, esta acción judicial podría convertirse en un factor decisivo para lo que resta del gobierno de Petro. El pulso entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía sigue abierto.
