Firmar un contrato de arrendamiento puede ser el primer paso hacia la independencia o una nueva etapa de vida. Sin embargo, muchos inquilinos se enfrentan a una exigencia inesperada y es entregar un depósito de dinero, a veces bajo condiciones poco claras y hasta ilegales. En Colombia, esta práctica común tiene límites estrictos que todo arrendatario debe conocer antes de entregar su dinero.
Para aclarar el panorama, El Tiempo consultó al abogado procesalista Miguel Ángel Pérez Palacios, quien explicó en qué casos los depósitos son legales, cómo deben manejarse y qué acciones puede emprender el inquilino si se vulneran sus derechos.
La ley colombiana es clara, pues según el artículo 16 de la Ley 820 de 2003, el arrendador no puede exigir depósitos para garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento. Pérez Palacios enfatiza que exigir dinero adicional por posibles daños o incumplimientos es una práctica prohibida. “El único depósito permitido es el destinado a asegurar el pago de los servicios públicos domiciliarios”, explicó el experto. Además, ese dinero no puede ser manejado directamente por el arrendador. Debe ser consignado ante la empresa de servicios públicos correspondiente, bajo un procedimiento regulado.
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Así funciona el depósito para servicios públicos
El proceso es sencillo pero estricto, puesto que el arrendatario deposita el dinero directamente en la empresa de servicios, indicando su calidad de inquilino. Este fondo queda como respaldo ante posibles deudas y al finalizar el contrato, si todo está en orden, el dinero es devuelto al inquilino. En caso contrario, se utiliza para saldar cuentas pendientes. Aunque de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, el monto máximo se calcula tomando el promedio de los tres últimos meses de consumo, incrementándolo en un 50 %, y luego multiplicándolo por dos.
Enfrentar una exigencia ilegal no debe intimidarlo, ya que el inquilino puede denunciar estos hechos ante la Alcaldía local, autoridad encargada de vigilar los contratos de arrendamiento. También puede recurrir a la justicia civil para exigir la devolución del dinero y solicitar una indemnización, si corresponde. “Muchos arrendadores exigen depósitos en efectivo para cubrir daños, pero esto es abiertamente contrario a la ley”, advierte Pérez Palacios.
El abogado ofrece algunas recomendaciones esenciales, como que nunca firme contratos que incluyan depósitos no permitidos, además de procurar que todo acuerdo quede por escrito y, de ser posible, suscrito ante notario. Ante presiones indebidas, denuncie. “La mejor protección es estar informado y actuar a tiempo”, afirma Pérez Palacios.
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Aunque la ley respalda al arrendatario, también impone obligaciones claras, como que se debe pagar puntualmente el canon de arrendamiento, cuidar el inmueble y asumir los servicios públicos. Asimismo, respetar las normas de convivencia y reglamentos de propiedad horizontal si corresponde.
Un depósito puede ser legal si ambas partes acuerdan voluntariamente su entrega, con condiciones claras y por escrito. Debe destinarse exclusivamente a cubrir daños comprobados o deudas específicas. En conclusión, antes de entregar dinero al arrendar, infórmese bien, para así evitar sorpresas desagradables y protegerá su patrimonio y sus derechos.
