En medio de una creciente indignación social, el Gobierno nacional suspendió por 15 días el contrato con el Hogar Infantil Canadá, en San Cristóbal. La decisión se tomó tras denuncias de presunto abuso sexual contra varios menores. Varios sectores, incluido el Concejo de Bogotá, han cuestionado duramente la decisión que tomó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mientras avanza la investigación.
El escándalo comenzó cuando se conocieron acusaciones contra un funcionario del jardín, presuntamente implicado en abusos sexuales. Una fundación privada opera el Hogar Infantil Canadá, luego de que el ICBF le delegara el manejo del centro. Las autoridades ya iniciaron investigaciones judiciales y administrativas. Por ahora, la suspensión busca prevenir cualquier riesgo adicional para los menores.
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La medida del ICBF
Mediante una resolución fechada el 8 de marzo, publicada en la plataforma estatal Secop II, el ICBF formalizó la suspensión del contrato de aporte número 11008322025. Esta medida se extenderá por 15 días calendario, o hasta que la Oficina de Aseguramiento a la Calidad determine si se puede reanudar o si debe finalizarse definitivamente. El contrato, cabe aclarar, es un mecanismo con el que el Estado transfiere recursos a entidades sociales para atender a la niñez vulnerable. El documento también ordena al contratista informar a la aseguradora sobre la suspensión en un plazo de tres días hábiles.
Esto garantizaría que las pólizas continúen respaldando cualquier eventualidad mientras se define el futuro del convenio.
Julián Sastoque, concejal de Bogotá, calificó como “insuficiente” la suspensión temporal. Asegura que esta medida no responde con contundencia a la gravedad de los hechos. “El Estado no puede permitir que un operador cuestionado siga teniendo a su cargo la atención de niños y niñas, aunque sea temporalmente”, expresó Sastoque en redes sociales.
El concejal exigió la terminación inmediata del contrato y una investigación rigurosa sobre los procesos de selección de operadores privados. También pidió revisar el sistema de delegación que permite que entidades privadas gestionen servicios públicos esenciales.
La controversia tomó un nuevo giro con un mensaje del presidente Gustavo Petro en la red social X. En él, el mandatario señaló que el presunto agresor fue contratado directamente por la fundación que administra el jardín infantil. El presidente resalto que este tipo de casos demuestra los riesgos de delegar funciones públicas tan sensibles a entidades privadas.
