Un video publicado en redes sociales por la periodista y precandidata Vicky Dávila puso en el ojo del huracán los gastos ejecutados en las residencias del Gobierno Nacional. De acuerdo con su denuncia, en los dos años y medio que lleva el presidente Gustavo Petro en el poder, se habrían desembolsado más de 23.194 millones de pesos en rubros como aseo, servicios públicos, reparaciones, mercados y celebraciones.
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El informe se refiere específicamente a cuatro propiedades oficiales: La Casa de Nariño, la hacienda presidencial de Hatogrande, la casa de huéspedes de Cartagena y la residencia de la Vicepresidencia, encabezada por Francia Márquez.
Detalles que alarman
Dávila destaca que el costo del aseo en estos inmuebles ya superaría los 6.000 millones de pesos, con la casa de Cartagena utilizada para eventos, según la denunciante registrando cifras especialmente altas. Solo en servicios públicos, la Casa de Nariño ha representado más de 2.000 millones, y la residencia en Cartagena más de 1.000 millones.
Otro aspecto que ha generado indignación es el valor de ciertas adquisiciones; un televisor que habría costado más de 27 millones, motocicletas por 51 millones cada una, y un mercado para el presidente de 40 millones de pesos solo en febrero. En total, según la denuncia, se habrían invertido más de 1.314 millones de pesos en alimentos para las distintas residencias, con más de 58 millones solo en bebidas.
Silencio oficial y críticas en aumento
Mientras la opinión pública reacciona ante la magnitud de las cifras, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial. La controversia llega en un momento sensible para el Gobierno, marcado por restricciones presupuestarias y tensiones fiscales.
Dávila, por su parte, insistió en que estos gastos no solo son desproporcionados, sino que contrastan con el discurso de austeridad y justicia social que ha defendido el actual gobierno.
A la espera de respuestas, el debate ya está instalado en el escenario político, con crecientes voces que piden mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a los altos funcionarios del Estado.
