La Fiscalía General de la Nación activó un nuevo capítulo en el caso de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente acusador solicitó formalmente ante el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia de imputación de cargos por corrupción y medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La Fiscalía sostiene que Carlos Ramón González tuvo un rol central en el desvío de recursos públicos, el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos millonarios a congresistas, en coordinación con Olmedo López, exdirector de la UNGRD. Según las investigaciones, los pagos habrían buscado facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.
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Imputación por cohecho, peculado y lavado de activos
La Fiscalía presentará cargos contra González por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, delitos que, según las autoridades, se cometieron dentro de una red de corrupción estatal que comprometió recursos de la UNGRD. La hipótesis principal es que se usaron dineros públicos para realizar pagos indebidos en octubre de 2023, coincidiendo con debates claves en el Congreso.
El expediente revela que González habría influido en la destinación de contratos dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo, en un esquema que también involucraría la entrega de recursos a parlamentarios con poder de decisión. Estos movimientos financieros, presuntamente orquestados desde la Presidencia y coordinados con actores políticos, fueron clave para abrir la actual línea de investigación penal.
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Pruebas recolectadas y nexos con otros implicados
Durante las últimas semanas, los investigadores recolectaron elementos probatorios en dependencias como la DIAN, la Casa de Nariño y una empresa de telefonía móvil relacionada con González. La Fiscalía busca establecer la ruta del dinero, los mecanismos de legalización de los recursos y los posibles vínculos con otros funcionarios que habrían participado en la operación.
Además, las autoridades no descartan imputarle también tráfico de influencias, un delito que ya figura en la indagación contra Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, señalada de facilitar contactos entre el Ejecutivo y los legisladores. En el caso de González, las pruebas documentales y testimoniales apuntan a que su papel no solo fue instrumental sino estratégico dentro de la presunta trama criminal.
La solicitud de audiencia contra Carlos Ramón González representa un golpe para el entorno político del actual Gobierno y podría desencadenar nuevas acciones judiciales contra figuras que hasta hace poco ocupaban cargos clave. La Fiscalía reiteró su compromiso de avanzar en todas las líneas de investigación y advirtió que este proceso apenas comienza.
