La plenaria del Senado de la República sepultó la propuesta de consulta popular del presidente Gustavo Petro con 49 votos en contra y 47 a favor. Esta iniciativa buscaba que la ciudadanía decidiera sobre aspectos clave de la reforma laboral, archivada previamente por la Comisión Séptima del Senado. Con la consulta, el Gobierno pretendía revivir el debate sobre condiciones laborales como el recargo nocturno y dominical, sin embargo, el rechazo del Congreso truncó esa posibilidad.
El mecanismo de participación no solo buscaba darle oxígeno a la agenda legislativa del Ejecutivo, sino también involucrar directamente a la población en decisiones laborales. A pesar de ello, los opositores argumentaron que esta propuesta resultaba costosa, innecesaria y respondía a fines políticos más que sociales. El hundimiento de la consulta popular provocó un intenso cruce de declaraciones entre sectores oficialistas y de oposición.
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Celebraciones en la oposición: “Ganó la sensatez”
Senadores opositores, como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe, celebraron la caída de la consulta popular como una victoria de la institucionalidad. Cabal calificó la decisión como un acto de sensatez y afirmó que Colombia había derrotado una propuesta populista. Uribe, por su parte, tachó el mecanismo como una “estafa” diseñada para engañar al electorado y avanzar la campaña política del Gobierno.
Carlos Fernando Motoa y Paola Holguín también se sumaron al festejo, asegurando que la propuesta era inconveniente y encubría intereses electorales de cara al 2026. Desde su visión, la consulta popular no buscaba mejorar las condiciones laborales, sino legitimar una reforma que generaba más incertidumbre que soluciones. Para ellos, el rechazo del Senado fue un paso necesario para frenar lo que califican como un intento de manipulación institucional.
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Reacciones del oficialismo: “Una traición al pueblo”
Desde el Pacto Histórico, los ánimos fueron completamente opuestos. La senadora Esmeralda Hernández denunció lo ocurrido como una “trampa” tendida por sectores conservadores para impedir que el pueblo decidiera su destino laboral. Acusó de traidores a quienes votaron en contra de la consulta popular y llamó a la ciudadanía a movilizarse frente a lo que consideró una “bofetada a la clase trabajadora”.
La representante María Fernanda Carrascal fue aún más enfática en sus críticas. Señaló al presidente del Senado, Efraín Cepeda, como el responsable de cerrar el registro de votación en menos de tres minutos, impidiendo apelaciones. Carrascal aseguró que, pese al revés, el Gobierno insistirá en que el debate sobre la reforma laboral continúe en otra comisión.
Wilson Arias, también del oficialismo, difundió imágenes de los legisladores que celebraron la caída de la consulta popular. Acusó a la oposición de negarle al pueblo derechos como el pago justo de horas extra y dominicales. Desde su perspectiva, el hundimiento no es el final del camino, sino un llamado a la acción popular para defender los derechos laborales.
