Con una votación de 19 a favor y solo 2 en contra, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes dio luz verde en primer debate a un proyecto de ley que busca desmontar de forma gradual el impuesto del 4×1000, vigente en Colombia desde 1998. La propuesta plantea que el gravamen comience a reducirse a partir del año 2027 y sea eliminado por completo en 2035, en lo que sería uno de los cambios fiscales más esperados por muchos ciudadanos y empresarios.
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La iniciativa cuenta con apoyo de congresistas de distintos partidos, incluyendo a Christian Garcés, Katherine Miranda y Antonio Zabarain, quienes han argumentado que este impuesto representa una barrera para la formalización financiera, limita el ahorro y frena la recuperación económica del país.
El impuesto bajará a 3,75×1000
En detalle, el plan establece que el impuesto bajará a 3,75×1000 en 2027, se mantendrá en ese nivel en 2028 y a partir de 2029 descenderá 0,5×1000 cada año, hasta llegar a cero en 2035. Esto significa, por ejemplo, que una transferencia de un millón de pesos, que hoy paga 4.000 pesos de GMF, en 2027 pagaría 3.750 pesos y así sucesivamente hasta dejar de tributar por ese concepto.
“Esta es una propuesta que alivia el bolsillo de los ciudadanos y alienta la actividad económica, sin poner en riesgo la estabilidad fiscal”, sostuvo el representante Garcés, uno de los autores del proyecto, quien destacó que la reducción será progresiva y planificada para minimizar impactos negativos en el presupuesto nacional.
El impuesto del 4×1000, también conocido como Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), nació como una medida temporal para afrontar la crisis económica de finales de los años noventa. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue extendido y convertido en una fuente estructural de ingresos para el Estado. Su eliminación ha sido planteada en múltiples ocasiones, pero nunca había avanzado tanto como ahora.
Tras superar este primer debate, el proyecto deberá pasar por la plenaria de la Cámara de Representantes y luego por el Senado. De aprobarse, marcaría el inicio de una transición fiscal significativa, con implicaciones directas para millones de usuarios del sistema bancario y para la economía en general.
