El presidente del Senado, Efraín Cepeda, lanzó una contundente advertencia al Gobierno nacional frente a la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro convoque una consulta popular por decreto. De acuerdo con el congresista, si el Ejecutivo insiste en esa vía, acudirá a las instancias judiciales para frenar lo que considera una “violación al Estado de derecho y a la Constitución”.
Las declaraciones de Cepeda surgen luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmara que el Gobierno tiene la intención de avanzar con la consulta si el Senado no se pronuncia nuevamente antes del 1 de junio. La iniciativa, cuyo propósito es consultar a la ciudadanía sobre aspectos de las reformas laboral y a la salud, fue archivada el pasado 14 de mayo en una votación mayoritaria, decisión que, según Cepeda, fue válida, legal y definitiva.
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“La consulta ya fue negada por el Senado, incluyendo su apelación. Pretender convocarla por decreto es un acto abiertamente inconstitucional”, declaró el presidente del Congreso. Además, indicó que esta intención del Gobierno constituye un desconocimiento directo de la decisión legislativa y una posible usurpación de competencias reservadas al Legislativo y a la justicia.
Cepeda expresó preocupación por uso de recursos públicos
En su mensaje, Cepeda también expresó preocupación por el eventual uso de recursos públicos en una consulta que, según el registrador nacional, Hernán Penagos, costaría entre $700.000 y $750.000 millones. “No vamos a permitir que se desvíen fondos del erario con fines electorales o políticos”, aseguró el senador desde su cuenta de X, antes Twitter.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la consulta es la única forma de garantizar que la ciudadanía participe activamente en decisiones clave que el Congreso se ha negado a respaldar. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió esta posición al afirmar que el mecanismo busca proteger los derechos laborales y en salud de millones de colombianos.
Cepeda finalizó sus declaraciones haciendo un llamado a la defensa de la institucionalidad y la democracia: “El desespero no puede justificar el autoritarismo. Si el presidente expide un decreto inconstitucional, recurriremos a todas las vías judiciales para proteger el orden democrático”.
