El Gobierno Nacional expidió el decreto 0572 de 2025 que modifica de manera sustancial las reglas para la retención en la fuente del impuesto de renta. Con esta medida, se incrementan las tarifas que aplican a diversos sectores económicos y se adelanta el cobro del impuesto correspondiente al año gravable 2026, en un intento por mejorar la liquidez fiscal durante el presente año.
El Ministerio de Hacienda, respaldado en el artículo 365 del Estatuto Tributario, justificó el decreto como una herramienta para “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo” de impuestos. Según el texto, los nuevos porcentajes de autorretención se liquidarán sobre cada pago o abono en cuenta, de acuerdo con la actividad económica del contribuyente.
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Entre los cambios más significativos está el incremento en la tarifa de autorretención para el sector agropecuario, que pasa de 0,55% a 1,2%, así como para los generadores de energía eléctrica (de 2,2% a 4,5%) y el sector de la construcción (de 1,1% a 3,5%). También se ajustaron los límites para que aplique la retención, bajando el umbral de 4 UVT a 2 UVT en el caso de servicios y reduciendo topes en las compras agrícolas y mineras.
Impacto en empresas y críticas del sector privado
Aunque el Ministerio asegura que esta medida reducirá el anticipo del impuesto a pagar en 2026, varios expertos y gremios han expresado su preocupación. Consideran que se trata de una reforma tributaria encubierta, que podría asfixiar el flujo de caja de las compañías.
“El decreto impone cargas excesivas a sectores como transporte, agricultura y minería. Les están anticipando los impuestos del futuro con tarifas elevadas. Eso golpea la caja de las empresas”, advirtió Lisandro Junco, exdirector de la Dian.
Fedesarrollo estima que la modificación generará ingresos adicionales por cerca de $13,9 billones, lo que equivale a una reforma tributaria sin pasar por el Congreso. Desde el Congreso, el representante Andrés Forero cuestionó el impacto sobre agricultores y transportadores y alertó que estas alzas podrían motivar movilizaciones sociales.
Por su parte, el exmagistrado César Lorduy criticó que con esta medida “se extrae la caja de las empresas y el bolsillo de los ciudadanos” sin considerar los efectos a largo plazo.
En medio de la polémica, el Gobierno insiste en que esta estrategia permitirá aliviar la presión fiscal inmediata. Sin embargo, analistas advierten que este alivio temporal podría traducirse en un mayor desequilibrio para el año siguiente, cuando se haya agotado el margen de maniobra.
