Después de décadas dedicadas al cuidado infantil sin garantías laborales estables, las madres y padres comunitarios en Colombia han recibido una de las noticias más significativas de los últimos años: el Estado comenzará su vinculación formal como empleados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esta decisión, plasmada en el decreto 0586 de 2025 y firmada por el presidente de la República, marca un antes y un después en la historia de quienes han sostenido desde los barrios, veredas y zonas rurales uno de los pilares del sistema de atención a la niñez.
La medida no solo representa un reconocimiento simbólico, sino que implica el inicio de un proceso estructurado y progresivo que busca incluir a estas personas en la planta oficial del ICBF. Según el documento, esta vinculación se hará de manera gradual, con base en los límites fiscales definidos en los marcos de gasto y planeación del Estado.
Un compromiso por etapas, pero con pasos concretos
Aunque el decreto establece que la incorporación se desarrollará por fases, el anuncio oficializa la creación del cargo público con carácter asistencial, lo que habilita al Estado para avanzar jurídicamente en la formalización. Actualmente, más de 40.000 madres y padres comunitarios están registrados en Colombia, y su labor ha sido esencial para el funcionamiento de hogares infantiles en zonas vulnerables.
Astrid Cáceres, directora del ICBF, celebró la noticia destacando que es un avance necesario, aunque recordó que aún queda camino por recorrer. En su declaración, advirtió que para lograr una estabilidad definitiva se requiere impulsar una reforma laboral y, en su opinión, una consulta popular. “Se crea el cargo, se empieza a avanzar con algunas, pero todavía no es permanente. Estamos dando el primer paso”, escribió.
La formalización de este sector se suma a otras decisiones tomadas por el actual Gobierno que buscan mejorar sus condiciones. En el Plan Nacional de Desarrollo ya se había contemplado, por ejemplo, un incremento significativo en el subsidio para la vejez de las madres comunitarias, llevándolo al 95% de un salario mínimo. Pero con este nuevo decreto, se da un paso más hacia su inclusión plena dentro del sistema de empleo público.
María Fernanda Carrascal, congresista que ha acompañado esta causa, también se pronunció destacando que la medida representa un avance tangible en la defensa de los derechos laborales y la dignidad del trabajo de cuidado. “Esta decisión marca el inicio de una transformación. No puede haber justicia social sin reconocer a quienes cuidan la vida desde la primera infancia”, afirmó.
Cuidar es también construir país
Durante años, las madres comunitarias han trabajado en condiciones precarias, recibiendo reconocimientos simbólicos pero sin un respaldo estatal que les garantizara seguridad social, estabilidad o una ruta de carrera dentro del sector público. Su labor, sin embargo, ha sido clave para miles de familias que no tendrían otra opción para dejar a sus hijos e hijas en espacios seguros y con atención adecuada.
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Este decreto, aunque aún es solo el comienzo de un proceso más amplio, dignifica esa labor silenciosa y vital. Reconocerla como un empleo público no solo corrige una injusticia histórica, sino que también reafirma el compromiso del país con una política de cuidado que deje de ser vista como un favor y pase a entenderse como un derecho garantizado.
