El menor de 15 años que habría atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. El ataque, ocurrido el sábado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, dejó al congresista en estado crítico. Uribe sigue hospitalizado en la Fundación Santa Fe, mientras se despliega un fuerte operativo judicial y de seguridad en torno al caso.
El hecho ocurrió mientras Miguel Uribe lideraba un encuentro con la comunidad. El menor, según la investigación, aprovechó la multitud para acercarse y dispararle con una pistola Glock 9 milímetros. Durante su intento de huida resultó herido y fue aprehendido en flagrancia cerca del lugar. La Fiscalía lo judicializó por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Aunque se le presentó evidencia contundente, el menor no aceptó los cargos. Un juez penal para adolescentes le impuso internamiento preventivo en un centro especializado.
Protección especial para el menor y su familia
En el momento de su captura, el joven manifestó su intención de colaborar con las autoridades. “Póngame atención y le explico… Yo les voy a dar los números”, habría dicho, insinuando que no actuó solo. Estas declaraciones ahora son parte central de la investigación.
El presidente Gustavo Petro reveló que las cámaras de seguridad muestran al menor merodeando la zona durante al menos cuatro horas antes del atentado. Además, se detectó una transacción vía Nequi, lo que podría indicar que hubo coordinación con otras personas.
Además, una decisión que ha causado polémica es la inclusión del menor y su familia en el programa de protección a testigos de la Fiscalía. Así lo confirmó la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien explicó que contarán con custodia policial y respaldo institucional.
“Garantizaremos su seguridad y su reubicación. También se activará un plan educativo y de restauración de derechos”, indicó. El sitio de internamiento será el búnker de la Fiscalía, que está siendo adaptado para recibir a un menor en estas condiciones.
El caso ha reabierto un fuerte debate nacional sobre la responsabilidad penal adolescente. Desde distintos sectores se cuestiona la proporcionalidad de las sanciones frente a delitos tan graves. El atentado contra Uribe Turbay podría impulsar reformas en el tratamiento judicial de menores vinculados con el crimen organizado.
