El gobierno colombiano ha decidido suspender la extradición de varios jefes de grupos armados solicitados por Estados Unidos, en una estrategia que busca proteger el proceso de paz total. Esta medida, aunque ha sido justificada como un impulso para mantener el diálogo y avanzar en la reconciliación, ha generado tensiones diplomáticas y críticas sobre el riesgo de impunidad.
En los últimos meses, Bogotá frenó la entrega de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, segundo comandante del frente 33, que forma parte de la disidencia de las antiguas FARC bajo el mando de “Calarcá Córdoba”. Apenas un mes antes, el Ejecutivo bloqueó la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como “H.H.”, máximo líder de Comuneros del Sur, solicitado por una corte en Texas por tráfico de cocaína. Estos dos casos reflejan la apuesta del gobierno por priorizar los procesos de diálogo abiertos con estas estructuras armadas, aún cuando los avances sean limitados.
A la par, se han abierto nuevas investigaciones en tribunales estadounidenses contra otros jefes insurgentes, como “Andrés Allende”, líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y del CNEB, sancionado por narcotráfico. Estados Unidos lo acusa de manejar rutas de drogas entre Colombia y Ecuador y colaborar con el cartel de Sinaloa para distribuir estupefacientes hacia México, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. También figura Jorge Wilfredo Rosero Marín, alias “Fercho”, de Comuneros del Sur, con circular azul de Interpol por narcotráfico.
Un delicado equilibrio entre justicia y paz
Entre los casos que más complican la relación con Washington está el de Javier Alfonso Velosa García, alias “John Mechas”, jefe del frente 33 y con orden vigente de extradición por ataques contra el expresidente Iván Duque y la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Este último ataque involucró personal estadounidense, lo que eleva la presión para su entrega. La suspensión de su extradición representa un desafío significativo para Colombia, ya que implica un delicado balance entre mantener el proceso de paz y responder a exigencias internacionales.
Otro nombre clave es Giovanni Rojas, alias “Araña”, comandante de los Comandos de Frontera. Capturado en Bogotá luego de un ciclo de diálogos, para el gobierno es una pieza fundamental para destrabar las negociaciones en la frontera sur, especialmente en Putumayo. Estados Unidos, en cambio, lo señala como un actor estratégico en el tráfico de drogas. Su orden de extradición está aún pendiente de una decisión judicial que podría poner en manos del presidente Petro la resolución final.
También está Oliverio Orfilio Pai, delegado en las negociaciones de Comuneros del Sur y exmiembro del ELN. Su prontuario incluye reclutamiento de menores, uso de explosivos y acciones terroristas, siendo catalogado como un delincuente de alta peligrosidad. Su caso simboliza la complejidad de mantener el diálogo con facciones que tienen antecedentes criminales graves.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha defendido la política afirmando que la extradición es una facultad del Ejecutivo que puede suspenderse si los implicados colaboran de manera efectiva con el proceso de paz, entregando información, sustituyendo economías ilícitas y reparando a las víctimas. El presidente Gustavo Petro ha reiterado que esta medida busca remover las causas profundas de la violencia, especialmente la economía ilegal que sustenta el conflicto.
Este enfoque, sin embargo, enfrenta críticas por el riesgo de abrir puertas a la impunidad si no se aplican mecanismos rigurosos para verificar el compromiso de los jefes armados.
Desde Estados Unidos se observa con preocupación esta política, y aunque no ha habido pronunciamiento oficial sobre los casos específicos de “Mocho Olmedo” o “H.H.”, fuentes diplomáticas advierten sobre un posible endurecimiento en la cooperación judicial y condicionamientos en la asistencia en seguridad.
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Además, se discute en el Congreso estadounidense la posibilidad de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas, una sanción que afectaría la ayuda económica, militar y de inteligencia y que no se aplica desde 1996. La decisión sobre las extradiciones pone a prueba los límites del proceso de paz y plantea un complejo dilema entre justicia internacional y reconciliación interna.
