El expresidente Álvaro Uribe señaló que su juicio por presunto soborno de testigos fue “inducido” por el gobierno del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda, su “más representativo senador”. Además, cuestionó a la jueza del caso y a las decisiones que se han tomado en el proceso. El expresidente insinúa que todo se ha debido a relaciones políticas y nexos con la izquierda o con sus opositores políticos.
El expresidente es acusado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Su juicio finalizó el pasado 8 de julio y el próximo 28 de ese mes la jueza Sandra Heredia dará el fallo que determinará su futuro judicial. La estrategia de Uribe, del Centro Democrático y aliados al expresidente es recriminar a la justicia y argumentar que todo se trata de “persecución política”.
Esta vez, Uribe se fue en contra de actores clave en su juicio como Iván Cepeda, víctima del proceso. También contra la jueza Heredia, la fiscal Marlenne Orjuela y el magistrado de la Corte Suprema, César Reyes, quien ordenó prisión domiciliaria en su contra mientras era senador en 2020. Además, Uribe dijo que él “enfrenta un juicio” mientras asume la “inmensa responsabilidad política” del atentado al senador y precandidato Miguel Uribe.
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Uribe insiste en que su juicio es por razones políticas
El caso inició en 2012, cuando el expresidente denunció al senador Iván Cepeda de presuntamente manipular testigos para que declararan en su contra. Pero el proceso se volteó en su contra. Cepeda fue acreditado como víctima y Uribe se volvió el principal sospechoso de supuestamente ordenar manipular testigos en la cárcel. Sin embargo, ha sostenido que Cepeda sí manipuló testigos y que todo se trata de una persecución política.
Además, ha desacreditado a la fiscal Marlenne Orjuela, quien pidió condenarlo. Según Uribe, a Orjuela la promovió Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia. Además, señaló que el magistrado César Reyes es compañero de trabajo de la esposa de Iván Cepeda y que además fue “contratista” del gobierno de Juan Manuel Santos en el marco del proceso de paz con las extintas Farc.
Bajo estos argumentos, Uribe se escuda en decir que su proceso judicial tiene razones políticas y no pruebas de peso. En su juicio, el expresidente señaló inconsistencias y alteraciones por parte de la justicia sobre su defensa. También falta de garantías y un “daño moral” por el golpe electoral en su contra. Estas razones la comparten sus aliados, como Paloma Valencia, que le pidió a la jueza apartarse de sus “sentimientos” y señaló que, de la única manera de emitir una condena en su contra sería siendo “antiuribista”.
¿Qué sigue?
La fiscal Marlene Orjuela aseguró que las pruebas demuestran que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales”. Lo hizo con base en 37 testigos y material como videos, fotos y documentos.
Las víctimas también pidieron que Uribe fuera declarado culpable. Mientras tanto, la defensa de Uribe, en cabeza de Jaime Lombana y Jaime Granados, así como la Procuraduría, han pedido fallo absolutorio. El fallo se conocerá el 28 de julio, tal como confirmó la jueza Sandra Heredia.
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