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150 mil millones perdidos: las sombras detrás de los Caminos Comunitarios de la Paz Total

La Procuraduría y Contraloría investigan el manejo de estos recursos entregados a Juntas de Acción Comunal en el programa de Caminos Comunitarios para la Paz Total.

Lo que empezó como una promesa para conectar al país profundo, hoy está bajo la lupa por posibles irregularidades millonarias. El programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, bandera del Gobierno Petro para mejorar miles de kilómetros de vías rurales, enfrenta señalamientos por falta de ejecución, fallas en la contratación y uso incierto de los recursos.

Una investigación publicada por SEMANA reveló que más de 150 mil millones de pesos fueron girados en al menos 766 convenios, la mayoría firmados con Juntas de Acción Comunal. Muchos de ellos, según el informe, no han avanzado o ni siquiera comenzaron.

En departamentos como Antioquia, Arauca, La Guajira y Huila, las cifras son alarmantes: obras con avances del 3 %, caminos que no existen más allá del papel y contratos que no se publicaron en las plataformas oficiales. En varios casos, las Juntas recibieron la totalidad del anticipo sin que se haya movido una sola piedra.

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria y pidió explicaciones al Invías, entidad que lideró el programa. La denuncia central: se firmaron más de mil contratos sin licitación, sin interventoría efectiva y con escasa verificación técnica.

El programa fue pensado como una forma de descentralizar la contratación, entregando a las comunidades el poder de ejecutar obras menores. Sin embargo, muchos líderes comunales han reconocido no tener la experiencia ni las herramientas para manejar estos recursos. La idea era buena; la ejecución, no tanto.

Se identificaron convenios sin actas de inicio, sin planos, sin informes y sin seguimiento. En algunos municipios, los contratistas fueron personas sin conocimientos en obra civil. En otros, los trabajos se detuvieron por amenazas de grupos armados o por simple abandono.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado un balance consolidado de ejecución. La Contraloría también tiene en la mira el programa, y se prevé que en los próximos días se activen nuevos controles y posibles sanciones.

Mientras tanto, las comunidades rurales que esperaban una carretera transitable siguen atrapadas entre el polvo o el barro. Y los recursos, en muchos casos, quedaron en el aire.

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