La llegada de cerca de 450 colombianos deportados por Ecuador al puente internacional de Rumichaca desató una crisis diplomática entre ambos países, luego de que el gobierno de Daniel Noboa iniciara el traslado de reclusos sin previo acuerdo con Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó el procedimiento como un “gesto inamistoso” y presentó una protesta formal, alegando que Quito ignoró múltiples solicitudes para establecer un protocolo conjunto que garantizara un proceso ordenado y respetuoso de los derechos humanos.
Según confirmó la Cancillería colombiana, más de 600 ciudadanos colombianos han sido incluidos en esta primera fase de deportación. Aunque ya se encuentran en territorio nacional unos 450, otro grupo permanece en la zona fronteriza esperando completar los procedimientos migratorios.
A diferencia de lo planteado en reuniones previas entre ambos gobiernos, Ecuador inició el traslado de forma unilateral, sin protocolos definidos para la verificación de identidad, revisión jurídica o condiciones de entrega.
“Se incumplieron principios básicos del Derecho Internacional al realizar una deportación masiva sin la debida coordinación binacional”, señaló la Cancillería en un comunicado. El gobierno colombiano afirmó además que solo cuenta con antecedentes judiciales de 348 de los deportados, por lo que ha solicitado a Ecuador la información restante mediante nota verbal.
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La Canciller llegó a la frontera
La Canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, viajó a la frontera acompañada de un equipo interinstitucional para hacer seguimiento al proceso de recepción. En Rumichaca también se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Nariño, con apoyo de Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía y el Departamento de Prosperidad Social (DPS).
Villavicencio aseguró que los connacionales recibirán atención digna, alojamiento, alimentación y transporte hasta su lugar de origen. En los casos que lo requieran, las autoridades judiciales procederán a la revisión de antecedentes y definición de situación jurídica.
Aunque Ecuador ya había informado su intención de deportar ciudadanos colombianos presos en sus cárceles —una medida enmarcada en su política de reducción del hacinamiento penitenciario—, Colombia insistió en que nunca se oficializó un protocolo de entrega.
El gobierno de Daniel Noboa, según fuentes diplomáticas, habría optado por ejecutar el proceso argumentando autonomía legal interna. No obstante, desde Bogotá se cuestiona la falta de garantías mínimas para la identificación de los deportados, el respeto a sus derechos y la seguridad en el tránsito entre países.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, pidió la presencia de organismos defensores de derechos humanos en la frontera para que supervisen el cumplimiento de los protocolos nacionales. También hizo un llamado al Gobierno nacional para reforzar la coordinación entre entidades territoriales ante futuras fases de deportación.
Mientras tanto, Colombia evalúa nuevas acciones diplomáticas y jurídicas para evitar que se repitan medidas unilaterales que puedan poner en riesgo los derechos de sus ciudadanos en el exterior.