En un nuevo episodio de presión armada, el Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado en el que declara como objetivo militar a todos los vehículos que transporten productos hacia las tiendas D1 en los departamentos de Chocó y Risaralda. La advertencia surge tras la negativa de la empresa a pagar lo que el grupo denomina “impuesto de guerra”, una práctica extorsiva común en zonas bajo influencia guerrillera.
Según el mensaje firmado por alias Ogli Padilla y difundido en redes sociales, la guerrilla señala que la cadena de supermercados propiedad del grupo empresarial Valorem S.A. ha evadido por años el pago de extorsiones mediante el uso de empresas transportadoras privadas y vehículos particulares. Además, el ELN acusa a la compañía de emplear tácticas engañosas para continuar sus operaciones comerciales en el Chocó, donde mantienen una fuerte presencia.
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El grupo armado advierte que, a partir del 2 de agosto de 2025, cualquier automotor que traslade mercancía para D1 será considerado un blanco legítimo de ataque. “Instamos a transportadores a no poner en riesgo sus vidas ni sus bienes colaborando con esta cadena”, reza parte del documento.
ELN critica condiciones laborales de tiendas D1
En el mismo comunicado, el ELN no solo arremete contra la negativa al pago de extorsión, sino que también lanza críticas hacia las condiciones laborales dentro de las tiendas, calificándolas como indignas, a pesar según ellos de las millonarias utilidades que genera la compañía.
Fuentes de inteligencia citadas por medios nacionales aseguran que la amenaza habría sido coordinada con el Frente Noroccidental del ELN, liderado por alias La Abuela, y con respaldo simbólico del llamado “Comandante Fabián”. Una fuente del Ejército Nacional, bajo condición de anonimato, indicó que la cadena D1 ha operado en estas regiones bajo la protección de la Fuerza Pública, evitando pagar extorsiones durante al menos cinco años.
Aunque no se han registrado ataques directos contra vehículos de la compañía en ese periodo, las autoridades no descartan posibles acciones violentas en represalia, especialmente tras la reciente reactivación del control territorial del ELN en zonas rurales de Chocó.
Tras el paro armado, el ELN reafirma su control territorial
La amenaza ocurre pocos días después de que el grupo guerrillero impusiera un paro armado en el departamento de Chocó, entre el 25 y el 26 de julio, que paralizó el tránsito de personas y mercancías. El levantamiento de la medida fue anunciado en otro comunicado, donde el ELN agradeció a la población por acatar las restricciones y exaltó el papel de comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa del territorio.
No obstante, la guerrilla también denunció la supuesta corrupción de actores políticos y económicos, a quienes responsabiliza de facilitar el acceso de empresas privadas a los recursos naturales de la región, en detrimento de las comunidades locales y el medioambiente.
El Gobierno y las fuerzas militares han intensificado la vigilancia en corredores logísticos estratégicos de Chocó y Risaralda, en un intento por evitar que esta nueva amenaza de la insurgencia derive en afectaciones a los canales de abastecimiento de productos básicos para la población civil.
