El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley que busca garantizar la inclusión digital a los hogares más vulnerables del país. La iniciativa plantea un subsidio de hasta el 55% en la tarifa de internet fijo residencial para familias del estrato 1 registradas en el Sisbén A, con acceso a servicios de energía, así como para estudiantes activos. Con esta medida, el Estado pretende cerrar la brecha tecnológica y permitir que sectores históricamente excluidos tengan las mismas oportunidades de conectividad.
Además del beneficio económico, la propuesta se enfoca en asegurar que el acceso a internet sea una herramienta real para la educación, el trabajo y la comunicación. El proyecto responde a la necesidad de que estudiantes y familias de bajos recursos no se vean obligados a renunciar a este servicio por razones económicas, lo que refuerza el compromiso de ampliar la justicia social a través de la digitalización.
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Contribución de estratos altos y grandes empresas
La financiación del programa se respaldará con aportes de quienes tienen mayor capacidad económica. Los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, junto con las empresas industriales y comerciales que no estén clasificadas como micro o pequeñas, asumirán un recargo del 30% en el valor de su plan de internet fijo. Este incremento permitirá cubrir los subsidios destinados a los sectores más vulnerables del país.
El Gobierno sostiene que esta redistribución no busca desincentivar la inversión ni castigar a los sectores productivos, sino generar un esquema solidario donde quienes más tienen contribuyen al acceso digital de quienes menos poseen. Bajo esta lógica, el Estado espera que el costo adicional se traduzca en una mayor cohesión social y en la reducción de la desigualdad tecnológica que limita el desarrollo en muchas regiones.
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Rol del Ministerio TIC y supervisión digital
El proyecto de ley también contempla un fortalecimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Se le otorgarán nuevas funciones estratégicas que permitirán diseñar y ejecutar políticas públicas con mayor énfasis en el acceso universal y equitativo a las TIC, así como en la promoción de la innovación y la transformación digital en todos los sectores.
De igual forma, la propuesta amplía las facultades de inspección, vigilancia y control del MinTIC. Con esto, la entidad podrá actuar con mayor capacidad regulatoria frente a operadores, plataformas digitales y actores del ecosistema tecnológico. La meta es garantizar que la implementación del subsidio se haga de manera transparente y que los usuarios más vulnerables reciban realmente los beneficios prometidos.
