La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo contundente contra Gustavo Londoño García, excongresista del partido Centro Democrático, a quien sentenció a 5 años y 6 meses de prisión, además de imponerle una multa de 501 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. El exrepresentante fue hallado culpable del delito de corrupción de sufragante, luego de que se comprobara que en su campaña al Congreso, en 2018, ofreció títulos de bachiller y capacitaciones sin validez legal a cambio de votos en el departamento del Vichada.
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El proceso judicial demostró que los ofrecimientos se realizaron a través de un instituto llamado Petroschool, que funcionó como plataforma para captar apoyos electorales bajo la promesa de acceso educativo. Para la Corte, esta práctica convirtió una necesidad social, como lo es la educación, en un instrumento de manipulación clientelista que afectó de manera directa la libertad del voto. “El excongresista no solo conocía, sino que también se benefició de la entrega masiva de títulos falsos para garantizar respaldo electoral”, señaló la Sala de Primera Instancia.
Estrategia diseñada desde la sede de campaña de Londoño
La investigación estableció que la estrategia se diseñó desde la sede misma de campaña de Londoño y contó con la complicidad del rector del colegio que expidió los documentos académicos. De esta manera, se instrumentalizó la aspiración de superación de comunidades vulnerables del Vichada, quienes recibieron falsas promesas de formación a cambio de apoyar al entonces candidato.
Aunque la Corte absolvió al excongresista del cargo de tráfico de votos, subrayó que su actuación afectó de manera grave la transparencia democrática y socavó la legitimidad institucional. “El voto ciudadano constituye un derecho fundamental y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia”, recordó el fallo, al tiempo que advirtió sobre la gravedad de sustituir ese derecho por dádivas o beneficios ilegítimos.
Si bien el tribunal descartó la suspensión condicional de la pena, otorgó la sustitución de prisión intramural por detención domiciliaria, la cual se hará efectiva una vez el fallo quede en firme. La decisión marca un precedente frente a prácticas clientelistas en campañas políticas y refuerza el llamado a proteger el voto libre como pilar esencial del sistema democrático.
