La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) modificar sus protocolos y lineamientos institucionales para garantizar la protección de adultos mayores de 25 años que, tras haber crecido bajo su cuidado, carecen de redes de apoyo y se encuentran en situación de riesgo social o económico.
La decisión se dio tras estudiar la tutela interpuesta por “Daniel”, un hombre que fue abandonado por sus padres, vivió en condiciones precarias durante su infancia y posteriormente fue acogido por el sistema de protección del ICBF. Una vez cumplió la mayoría de edad, la entidad terminó las medidas de acompañamiento, lo que lo dejó desamparado y sin recursos para continuar con su proyecto de vida. Ante esta situación, el afectado acudió a la justicia alegando vulneración de derechos fundamentales.
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Los magistrados Vladimir Fernández, Lina Escobar y Juan Carlos Cortés concluyeron que, en casos como el de Daniel, el Estado no puede limitar su responsabilidad únicamente al acompañamiento hasta los 25 años, pues la falta de familia y las condiciones particulares de salud física, mental y cognitiva exigen un enfoque diferencial.
La Corte ordenó al ICBF realizar diagnósticos psicológicos, psiquiátricos y multidisciplinarios a personas en esta situación, con el fin de determinar la necesidad de mantener medidas de protección. Asimismo, señaló que, en caso de extenderse la atención, se deberán crear espacios separados de los destinados a niños y adolescentes, garantizando así la protección integral de todos los beneficiarios.
Nuevos lineamientos para el ICBF
La sentencia establece que el instituto debe ajustar sus modelos de atención para este grupo poblacional, aplicando un enfoque que asegure el derecho a la dignidad humana, salud, educación, trabajo y mínimo vital. Además, deberá articularse con el Servicio Público de Empleo para facilitar la inserción laboral de estas personas, quienes muchas veces arrastran traumas de abandono, maltrato o violencia que impactan su desarrollo personal y profesional.
Con este fallo, la Corte Constitucional busca que el Estado reconozca las realidades de quienes, tras una infancia marcada por la vulneración de derechos, no encuentran al cumplir la mayoría de edad las condiciones necesarias para una vida autónoma y digna.
