Laura Gallego, ex Señorita Antioquia 2025, renunció este martes 28 de octubre a su título tras la difusión de varios videos en redes sociales que generaron controversia. En los clips, que circularon ampliamente, la joven respondió a una pregunta sobre si debería “dar bala” a figuras políticas, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al alcalde Daniel Quintero.
El hecho desató un debate público sobre libertad de expresión, humor y responsabilidad legal en medio del contexto colombiano. Gallego aclaró que los videos fueron grabados antes de su participación oficial en el certamen y que la palabra “bala” se empleó de manera figurativa, sin intención de promover violencia. “Me niego a que una corona se convierta en mordaza”, aseguró en su carta de renuncia, difundida en sus redes sociales.
En CW+ consultamos a Juan Camilo Sanclemente, director ejecutivo de Sanclemente Abogados, quien explicó que, desde el punto de vista jurídico, en el caso de Gallego, al parecer, no se configura directamente un delito. “Una pregunta hipotética. No hay injuria ni calumnia, porque no se hicieron afirmaciones falsas ni deshonrosas en contra de nadie”, aclaró el abogado.
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Sanclemente señaló que, en Colombia, la libertad de expresión permite que los ciudadanos manifestemos opiniones, incluso críticas hacia figuras públicas, siempre y cuando no se difamen hechos falsos. “El Código Penal actúa como última ratio. Solo se configura un delito si realmente hay calumnia, injuria o daño a la integridad de otra persona”, añadió.
El abogado también explicó que los llamados “delitos cibernéticos” no aplican en este caso. “Estos delitos afectan sistemas, software o redes. Aquí no hay ataque informático, solo interacción en redes sociales”, dijo, precisando que responder preguntas en tono de “humor” no genera responsabilidad penal.
Libertad de expresión y límites
Cuando se trata de comentarios hechos en tono de juego o humor, Sanclemente destacó que no existe tipificación de delito. La situación cambiaría si se hicieran afirmaciones falsas sobre delitos o conductas graves de terceros. “Por ejemplo, si alguien acusa falsamente de delitos a otra persona, sí se configura calumnia; si se hacen afirmaciones deshonrosas, sería injuria”, explicó.
Sobre figuras públicas, el abogado recordó que deben soportar cierto escrutinio, según parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No podemos hablar de afectación a la reputación solo porque alguien no esté de acuerdo con sus ideas o línea política”, señaló.
Impacto y repercusión
La renuncia de Laura Gallego ha abierto un debate sobre el papel de las figuras públicas y los límites del humor en redes sociales. El hecho ha generado indignación en muchos sectores, quienes argumentan la preocupación por discursos que puedan “promover el odio”. Por su parte, la organización del Concurso Nacional de Belleza reiteró que sus reinas no deben incurrir en pronunciamientos que puedan interpretarse como violencia o amenazas.
En paralelo, la joven ha recibido tanto apoyo como críticas, y aseguró que su decisión responde a la intención de mantener su libertad de expresión intacta, evitando que la corona condicione sus opiniones.
Reacciones públicas y tensión mediática
En las horas siguientes a la renuncia de Laura Gallego, varios actores del ámbito político y social se manifestaron. El presidente Gustavo Petro calificó sus comentarios de “mujer violenta” y denunció una cultura de odio que “entra por las redes y acaba en tragedia”.
Por su parte, Daniel Quintero afirmó que Gallego no representa a las mujeres antioqueñas y que sus palabras evocan “la cultura narco” que él busca cambiar en Medellín.
Los organizadores del Concurso Nacional de Belleza publicaron un comunicado en el que rechazaron cualquier pronunciamiento político de las participantes. Según ellos, las candidatas debían abstenerse de participar directamente en política mientras ostentaban cargos de representación.
La polémica también alcanzó al Ministerio de Defensa, cuyo titular consideró las declaraciones de Gallego como potenciales amenazas y advirtió sobre los riesgos de normalizar un lenguaje violento en contexto social.
