El último gran jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, ha solicitado formalmente una reducción de su condena para ser liberado por razones humanitarias. La moción, presentada el pasado 14 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Florida, se fundamenta en la ley “First Step Act”. Según el documento legal y revelaciones de El Reporte Coronell, el excapo padece una demencia vascular irreversible que ha borrado su noción del tiempo y el espacio.
A sus 82 años, Rodríguez Orejuela ha cumplido 22 años de su sentencia de 30. Su defensa sostiene que el hombre recluido en la cárcel de Big Spring, Texas, es “fisiológicamente distinto” al que fue condenado en 2006. Pruebas médicas, como tomografías y resonancias, confirman daños cerebrales orgánicos. Estos hallazgos explican por qué el exnarcotraficante cree estar escondido en las montañas de Colombia cuando, en realidad, se encuentra en una celda estadounidense.
Un cerebro en “disolución progresiva”
El informe clínico detalla que Rodríguez Orejuela ha sufrido múltiples accidentes cerebrovasculares. Estos episodios destruyeron su tálamo izquierdo, la región del cerebro encargada de la memoria y las funciones ejecutivas. Además, padece de leucolamalacia periventricular, una condición que causa la muerte progresiva de la materia blanca cerebral. Su deterioro es tan grave que ni siquiera registra el dolor físico; recientemente sufrió una infección severa en la mandíbula porque olvidó que estaba inflamada.
La defensa argumenta que mantenerlo en prisión es “inhumano” y no cumple ningún propósito correctivo. El documento señala que Miguel sufre de delirios paranoicos y cree que sus compañeros de prisión intentan envenenarlo. A diferencia de su hermano Gilberto, quien murió en custodia en 2022, la defensa enfatiza que la mente de Miguel ya no es un “instrumento de mando”, sino una víctima de su propia biología.
Plan de retorno y cuidado en Cali
En caso de que el juez acepte la moción, Miguel Rodríguez Orejuela renunciaría a cualquier derecho de permanencia en EE. UU. y aceptaría su deportación inmediata a Colombia. Su familia en Cali ya ha preparado un plan de cuidado que incluye un apartamento y asistencia geriátrica las 24 horas. Su esposa, Martha Lucía Echeverry, y su sobrina, Ángela María Gil, se han comprometido a costear todos los gastos médicos y de manutención.
La solicitud busca evitar que se repita la historia de su hermano mayor. Los abogados advirtieron que negar la liberación virtualmente garantiza el envío de un segundo ataúd hacia Colombia. El juez encargado del caso podría emitir un fallo en el próximo mes, determinando si el otrora poderoso “Ajedrecista” pasará sus últimos días bajo el cuidado de su familia o dentro de una prisión federal.
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