Una antigua ley del siglo XVIII ha vuelto a estar en el centro del debate migratorio en Estados Unidos. Pero esta vez, no por su contenido, sino por la forma en que ha sido invocada por el presidente Donald Trump para justificar la deportación masiva de migrantes venezolanos, presuntamente vinculados a grupos criminales. Frente a esta situación, la Corte Suprema tomó cartas en el asunto y ordenó suspender, de manera inmediata, cualquier expulsión de personas retenidas bajo este polémico decreto.
La decisión de la Corte es un fuerte revés para las políticas migratorias extremas que el expresidente ha defendido incluso durante su actual campaña electoral. Esta suspensión no solo frena la deportación de migrantes, sino que lanza un mensaje sobre los límites legales que deben respetarse, incluso bajo el argumento de seguridad nacional.
La ley en cuestión, la de Enemigos Extranjeros de 1798, fue concebida en un contexto completamente distinto al actual, pensado para conflictos interestatales de otra época. Sin embargo, Trump decidió activarla el mes pasado como base legal para detener y deportar a supuestos miembros del grupo Tren de Aragua, a quienes vinculó directamente con una supuesta “invasión” organizada desde Venezuela.
Un fallo con implicaciones urgentes
La Corte ordenó que ningún migrante bajo esa ley sea deportado hasta nueva orden judicial. Esta medida llega tras una apelación urgente presentada por organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que alertaron sobre la inminente expulsión de decenas de personas recluidas en Texas.
En su recurso, la ACLU denunció que los detenidos no estaban teniendo acceso a una audiencia justa ni a una defensa adecuada. Muchos de ellos, según afirmaron los abogados, estaban siendo juzgados únicamente por su apariencia física o tatuajes, sin pruebas que los vincularan directamente con actividades delictivas.
El uso de la ley de 1798 ha sido cuestionado no solo por activistas, sino también por juristas que consideran que aplicar un marco legal tan obsoleto representa una peligrosa reinterpretación del derecho constitucional moderno.
Según se conoció, varios migrantes ya habían sido trasladados en autobuses con destino a aeropuertos para ser deportados a El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad donde permanecen incomunicados y en condiciones extremas.
Errores administrativos y consecuencias graves
Uno de los casos más dramáticos que ha salido a la luz es el de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño que, a pesar de tener estatus legal protegido desde 2019, fue detenido y deportado el pasado 15 de marzo. El error fue reconocido por las autoridades como “administrativo”, pero aún así, su retorno a Estados Unidos ha sido bloqueado.
Actualmente, Ábrego se encuentra en una celda sin colchón ni ventanas, y sin posibilidad de recibir visitas. La Corte Suprema ya había solicitado que se facilitara su regreso, aunque el gobierno alegó que, por razones legales, no puede enmendar lo ocurrido.
Este hecho expone no solo la fragilidad de las garantías legales para los migrantes, sino también la falta de mecanismos eficaces para corregir errores graves en el sistema.
La prisión a la que están siendo enviados los deportados, conocida por su tamaño y sus estrictas condiciones, tiene capacidad para 40.000 personas. Los detenidos duermen hacinados, sin luz natural y bajo estricta vigilancia. Las imágenes del Cecot han generado preocupación entre organismos internacionales de derechos humanos.
Trump, migración y campaña electoral
En medio de este contexto, Donald Trump ha intensificado su retórica antiinmigrante como parte de su estrategia política. El presidente insiste en que la migración irregular es una amenaza directa a la seguridad del país y ha vuelto a responsabilizar a Venezuela de enviar “pandilleros” a través de la frontera sur.
Su postura ha despertado apoyos entre sus bases, pero también duras críticas por el uso selectivo de leyes antiguas y medidas excepcionales para atacar a comunidades específicas. La Corte Suprema, con su más reciente fallo, parece poner freno a esa narrativa, al menos de manera temporal.
Mientras se resuelve el fondo del caso, la orden de suspensión garantiza que ningún migrante retenido bajo esa figura legal pueda ser expulsado sin antes tener la oportunidad de impugnar su deportación. Esto representa una pausa crucial en medio de una campaña que ha convertido la migración en una de sus principales banderas electorales.
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La historia aún no termina. Lo que sí queda claro es que el regreso de Trump al escenario político viene cargado de decisiones controversiales, algunas tan anacrónicas como la ley que ha decidido resucitar para imponer su visión del orden. Pero ahora, con la Suprema Corte interviniendo, esa visión enfrenta un nuevo límite.
