En el desarrollo de la audiencia programada para iniciar el juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, se suscitó un conflicto en torno a la ubicación del proceso. Los abogados de Petro solicitaron el traslado del caso a Bogotá, alegando riesgos de seguridad que impiden al acusado abandonar su residencia, una petición que fue rechazada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría.
La audiencia, que tuvo lugar en el juzgado segundo penal del Distrito de Barranquilla, se vio interrumpida por la petición de la defensa, lo que llevó al juez a remitir la impugnación de competencia a la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía y la Procuraduría se opusieron firmemente al traslado del caso a Bogotá, argumentando que la mayoría de los delitos imputados, especialmente el lavado de activos, ocurrieron en la capital.
El nuevo abogado suplente, Sebastián García, quien se unió al equipo de la defensa para esta diligencia, presentó la impugnación de competencia. García argumentó que, según la acusación, la conducta imputada más grave, el lavado de activos, se llevó a cabo principalmente en Bogotá, donde se adquirieron los fondos que luego se transportaron a Barranquilla.
La Fiscalía, a cargo de Mario Burgos, consideró la solicitud de la defensa como una maniobra dilatoria y afirmó que, de haberse radicado el proceso en Bogotá, se habría presentado de todas formas. Burgos solicitó al juez que no concediera la petición de la defensa, argumentando que la mayoría de los delitos se cometieron en Barranquilla, según la descripción de la acusación.
La representante del Ministerio Público también se opuso a la solicitud de la defensa, argumentando que las acciones delictivas ocurrieron en la jurisdicción de los jueces de Barranquilla, ya que las compras relacionadas con el lavado de activos se realizaron en esa ciudad y otras localidades del Atlántico.
Este enfrentamiento sobre la competencia jurisdiccional añade un elemento adicional de complejidad a un caso que ya de por sí es de gran relevancia política y judicial. La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre la impugnación de competencia para determinar la ubicación final del juicio contra Nicolás Petro.
