Una nueva controversia sacude a la Terminal de Transportes de Cali. La reciente remodelación de las taquillas desató el malestar de los empresarios del transporte intermunicipal. La razón es un aumento en el canon de arrendamiento superior al 90%, que fue considerado “abusivo” por parte de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, Aditt.
Según Aditt, tras las obras de modernización se exigió a las empresas firmar un Otrosí obligatorio para acceder a los nuevos espacios. Este documento impone un fuerte incremento en el valor del arriendo, lo que ha generado molestia en varios operadores.
“La administración condicionó la entrega de las taquillas remodeladas a la firma del Otrosí, que incluye incrementos desproporcionados”, indicó la asociación en un comunicado. Además, denunció que durante las 20 semanas de remodelación, la administración trasladó a las empresas a casillas provisionales en “condiciones precarias” y, aun así, continuó cobrando el canon completo.
La respuesta de la gerencia
Consultado por El País, James Mosquera Muñoz, gerente de la Terminal de Transportes de Cali, reconoció que el canon subiría, pero defendió la medida. Asegura que es una práctica habitual cuando se invierte en infraestructura. “La remodelación incluyó mejoras en infraestructura y mobiliario. Como en cualquier inmueble, eso hace que el valor de arriendo aumente”, explicó. Según él, los empresarios fueron notificados mediante correos y una reunión en la que se ofrecieron fórmulas de ajuste más moderadas.
“Les presenté una propuesta para suavizar el impacto del incremento y todos estuvieron de acuerdo en analizarla. Me sorprende esta queja ahora”, añadió. Sobre las casillas provisionales, Mosquera señaló que, aunque eran temporales y hechas en madera, “estaban alejadas del polvo y bien presentadas, con condiciones de seguridad”.
Para Camilo García, vicepresidente de Aditt, el incremento en el arriendo refleja un “abuso de poder”. Afirmó que es inaceptable que una terminal financiada con recursos públicos imponga condiciones “al margen del marco legal”. Sin embargo, Mosquera fue enfático: “La Terminal no opera con recursos públicos. Es una sociedad de economía mixta regida por el derecho privado”.
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El gerente anunció que se convocará una nueva reunión con los empresarios para continuar el diálogo. Asegura que los cambios buscan mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar la sostenibilidad del sistema. Por ahora, la tensión entre la administración y los transportadores continúa, mientras crece la expectativa por un posible acuerdo.
