Por Rubén Darío Valencia
De manera silenciosa, metódica, estratégica y con fina filigrana política, muy a su estilo personal e institucional, el gerente de Infivalle, ingeniero Giovanny Ramírez Cabrera, está a punto de lograr una verdadera revolución económica. Claro, y es justo aclararlo, acompañado de algunos de sus pares y apoyado por algunos congresistas.
Y es cierto. Colombia está a las puertas de un giro trascendental en su arquitectura financiera territorial. El Proyecto de Ley 195 de 2024, que avanza con aprobación unánime en el Congreso y del propio Gobierno, busca incorporar a los Institutos de Fomento y Desarrollo Territorial (INFIS), como Infivalle, al sistema financiero nacional con un régimen especial. No se trata de una modificación técnica o marginal, sino de una apuesta estructural que podría convertirse en el impulso más serio —y esperado— a la economía popular en décadas.
Estos institutos, hasta ahora semiinvisibles en el engranaje financiero del país, han demostrado ser actores clave en el crédito productivo, la financiación de obras locales y el fortalecimiento de capacidades institucionales en regiones donde la banca tradicional no pisa. Su misión ha sido subsidiaria y muchas veces silenciosa, pero eficaz: atender las necesidades de municipios pequeños, iniciativas comunitarias, emprendedores populares y obras de impacto social, sin la lógica de rentabilidad inmediata que impera en el sector financiero privado. Algo que, dicho sea de paso, no gusta a la banca comercial, pues ahora tendrán un competidor más rápido, accesible y barato.
Un ejemplo claro de ello es el Fondo Especial de Desarrollo Económico Regional del Valle, Fonder, una iniciativa de la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro operado a través de Infivalle, mediante cual se han tramitado créditos sin intereses para microempresas o subsidiados para pequeñas y medianas empresas.
El nuevo régimen propuesto (solo falta un trámite en el Senado para ser ley de la República) les permite operar bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, acceder a recursos del Sistema General de Regalías, ofrecer garantías, participar en alianzas público-privadas y, lo más relevante, ampliar su cobertura a departamentos donde hoy no existen. Esto implica, por ejemplo, que un municipio rural podrá financiar una planta de tratamiento de agua o una vía terciaria a través de un INFIS con solvencia técnica y respaldo legal. Implica también que un pequeño comerciante o un joven emprendedor pueda acceder a un microcrédito digno sin depender del infame ‘gota a gota’.
No se exagera si decimos que estamos ante una verdadera revolución en ciernes. Porque si bien los INFIS ya venían actuando como banca pública territorial, lo hacían en una zona gris regulatoria, con restricciones de alcance, sin poder acceder a ciertas fuentes de financiamiento, y bajo un marco que no reconocía del todo su carácter financiero. Esta ley corrige ese desfase histórico y lo hace con visión de país.
Lo que se está habilitando no es solo un nuevo instrumento financiero, sino una nueva forma de entender el desarrollo regional: desde lo local, con identidad territorial, con herramientas de apalancamiento dignas, y con vocación de servicio público. El crédito deja de ser un privilegio para ser un derecho al impulso, a la inversión, al progreso. Ni más ni menos.
Desde luego, este proceso exigirá vigilancia, transparencia y responsabilidad. Convertirse en actores del sistema financiero supone estándares más altos, gestión profesional y prácticas rigurosas. Pero estos institutos ya han dado muestra de madurez: muchos cuentan con calificaciones AAA (como Infivalle), modelos exitosos de financiación y experiencia de décadas. Lo que necesitaban era precisamente lo que ahora el Congreso les está ofreciendo: un marco jurídico justo y funcional.
Estamos ante un momento bisagra. Mientras buena parte de la economía popular sigue atrapada entre la informalidad y la exclusión financiera, los INFIS representan una esperanza tangible, una puerta de entrada para miles de iniciativas que hoy no encuentran eco ni capital. La descentralización real, la democratización del crédito y el fomento productivo pasan, necesariamente, por empoderar a estas instituciones.
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No basta con decir que la economía popular es importante. Hay que dotarla de instrumentos, recursos, confianza y canales reales. Por eso esta es, sin duda, la hora de los INFIS. Y con ella, puede ser también la hora de muchas regiones que, por fin, tendrán una banca propia, pública, eficiente y cercana.
