El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa anunció este martes en la Comisión Primera que radicará un proyecto de ley para derogar la Ley 2494 de 2025, conocida públicamente como la ‘Ley de Encuestas’. El congresista aseguró que la norma ha generado preocupación entre distintos sectores políticos y firmas encuestadoras por las restricciones que impone a la divulgación de sondeos electorales.
El senador afirmó que la democracia no puede fortalecerse restringiendo el debate público ni limitando la circulación de información electoral. “Se trata de una norma que ha generado zozobra e incertidumbre, vulnera principios democráticos y dificulta que los colombianos tengan acceso a la información de cara a las contiendas electorales”, señaló. Además, insistió en que Colombia necesita más transparencia y garantías democráticas, y no medidas que puedan interpretarse como censura sobre las encuestas y estudios de opinión.
La iniciativa de Motoa surge en medio de la controversia por las investigaciones y restricciones contra algunas firmas encuestadoras, especialmente tras el caso de AtlasIntel. En los últimos días, el Consejo Nacional Electoral ordenó suspender temporalmente la difusión de encuestas de esa firma brasileña luego de cuestionamientos sobre su metodología digital y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva legislación. La decisión abrió un nuevo debate político y jurídico sobre los límites de la regulación electoral en Colombia.
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¿Cuál es la polémica?
La Ley 2494 de 2025 fue aprobada con el objetivo de endurecer los controles sobre las encuestas electorales y garantizar mayores estándares técnicos para su publicación. Entre otras disposiciones, la norma establece requisitos metodológicos más estrictos, mayores controles del Consejo Nacional Electoral y límites sobre los tiempos en los que pueden divulgarse estudios de opinión relacionados con candidatos y procesos electorales. Algunos sectores han defendido la ley argumentando que busca evitar sondeos engañosos o manipulados.
Sin embargo, varias firmas encuestadoras y analistas han cuestionado la normativa porque consideran que impone exigencias difíciles de cumplir y no se adapta a las nuevas metodologías digitales utilizadas actualmente en el mundo. Incluso algunas empresas han advertido sobre inseguridad jurídica y posibles afectaciones a la libertad de expresión y al derecho a informar. Críticos de la ley aseguran que las nuevas reglas podrían reducir significativamente la publicación de encuestas en Colombia durante las campañas electorales.
La controversia aumentó tras las medidas cautelares contra AtlasIntel, firma que publicó encuestas presidenciales difundidas por la revista Semana y que mostraban movimientos importantes en la intención de voto de algunos candidatos. Para sectores de oposición y dirigentes como Carlos Fernando Motoa, la aplicación de la ley terminó convirtiéndose en una forma de limitar el debate público y restringir el acceso de los ciudadanos a información política. Mientras tanto, el Gobierno y algunos organismos electorales defienden la regulación asegurando que busca dar mayor transparencia y rigor técnico a las mediciones electorales en el país.
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