El reciente intento de secuestro contra Alexander López, senador y jefe de debate de la fórmula vicepresidencial de izquierda, Aida Quilcué, es la fotografía de la violencia política que Colombia ha registrado en el último año. Esto, en medio de un contexto electoral polarizado y atravesado por una problemática de seguridad ante la crisis de la política de Paz Total.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026, el país registró 272 agresiones contra liderazgos políticos. Esto, sin tener en cuenta el episodio del senador López o el reciente asesinato de dos miembros de la campaña del candidato de ultraderecha, Abelardo De La Espriella.
Además de la violencia contra candidatos, políticos y figuras que participan activamente de la política, en por lo menos 81 municipios de Colombia hay riesgo electoral extremo, un aumento del 65% con respecto a las elecciones de hace cuatro años. A su vez, los candidatos presidenciales punteros Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, han sido amenazados mientras hacen campaña.
Contexto: “Es muy grave”: Alexander López tras ataque a su esquema en el Cauca.
Las agresiones contra liderazgos políticos
Un informe de la MOE señala que de 435 agresiones contra liderazgos políticos, comunales y sociales, 272 corresponden a políticos. Así, es el sector más afectado. Además, aumentaron un 12,9% más con respecto al calendario electoral del 2022. Por esa misma línea, la violencia letal aumentó un 31%: pasó de 51 a 67 casos.
La MOE resalta 30 agresiones directas contra candidatos al Congreso, ocho contra precandidatos y otros ocho a otros comicios. Por esa misma línea, entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026, el Centro Democrático fue el partido más afectado con 31 agresiones, concentradas principalmente en Antioquia y Bogotá.
El antecedente que marcó un antes y después en el contexto electoral fue el magnicidio del precandidato presidencial y senador, Miguel Uribe Turbay. El político del uribismo fue atacado a disparos el 7 de junio del 2025 en un parque de Modelia, localidad de Bogotá, en pleno acto de campaña. Tras dos meses en estado crítico, Uribe Turbay falleció el 11 de agosto. Su asesinato encendió las alarmas de la violencia política en el país e hizo que, incluso, el presidente Gustavo Petro con otros organismos firmaran un acuerdo de no polarización.
Uribe Turbay tenía 39 años y era el precandidato presidencial más joven hasta ese entonces. Se disputaba la candidatura oficial del Centro Democrático con los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Su magnicidio fue el primero registrado contra un senador y precandidato en el siglo XXI. Hasta ahora, van nueve capturados por su asesinato.
Tras su atentado, en junio se reforzó el esquema de seguridad de los entonces precandidatos Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa y Claudia López. También a Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático. La orden vino directamente del presidente Petro y fue intermediada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Luego, días después de la muerte de Uribe Turbay, los esquemas se duplicaron.
Además de esto, la MOE señala que los más afectados por agresiones son los concejales, con 57 casos en total.
Uno de los casos más sonados contra concejales ocurrió el 16 de junio de 2025, cuando asesinaron a Juan Camilo Espinosa, concejal de San Andrés de Cuerquía. Espinosa tenía 32 años, presentaba discapacidad motriz permanente, estaba avalado por Aico, y fue atacado a disparos por un menor de edad que aceptó su responsabilidad. Además, la Fiscalía imputó a alias “Richard”, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, por ordenar su asesinato.
Asimismo, el pasado 9 de febrero fue asesinado Óscar Montilla, concejal de Calamar (Bolívar). A la lista se suma el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando (Valle del Cauca), del Centro Democrático. Villada fue atacada a tiros por dos hombres y ya había sido amenazada por panfletos que circularon en grupos de WhatsApp. Su partido y candidatos presidenciales rechazaron el asesinato. Su hijo señaló en Caracol Noticias que pidió protección a la UNP, pero nada pasó.
Los más recientes hostigamientos contra liderazgos en contexto electoral
A pesar del magnicidio de Uribe Turbay, la contienda presidencial sigue marcada por la violencia. Los tres punteros en las encuestas: Iván Cepeda, del Pacto Histórico; Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Abelardo De La Espriella, de ‘Defensores de la Patria’, han denunciado amenazas en su contra.
El pasado 12 de abril, circuló una imagen con estética fúnebre que simulaba el fallecimiento de la candidata Valencia. Además, su sede de campaña en Bucaramanga fue vandalizada. La Defensoría del Pueblo se pronunció y rechazó lo sucedido. A pesar de esto, la candidata llamó “cobardes” a los candidatos que usan chaleco antibalas, aludiendo a De La Espriella, quien ha denunciado en repetidas ocasiones.
Por su parte, a finales de abril, el Centro Democrático alertó de un supuesto plan para atentar contra el candidato Iván Cepeda. Aunque el jefe de inteligencia militar negó la existencia de planes para atentar contra su vida, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que recibió información de organismos externos que sí lo aseguran. El pasado 20 de mayo, Cepeda además dijo que varios militantes del Pacto en Antioquia habrían recibido amenazas.
Pero la violencia también trasciende de los candidatos presidenciales. En marzo, el Clan del Golfo amenazó de muerte al senador electo del Pacto, Martín Carabalí, y a otros militantes de ese partido. El pasado 15 de mayo, asesinaron al activista Fabián Cardona y Rogers Mauricio Devia, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña de Abelardo De la Espriella en Meta, respectivamente. Lo hicieron cuando venían de hacer activismo de campaña.
Y cuatro días después, en Cauca atentaron a disparos contra el senador y jefe de debate de Aída Quilcué, Alexander López. El congresista se desplazaba sobre la vía Panamericana junto al senador electo, Kevin Gómez. Venían de un evento de Iván Cepeda en Popayán. López denunció que fue víctima de un presunto intento de secuestro y que hombres armados dispararon ráfagas de fusil contra una de las camionetas de su esquema. Salió ileso porque se cambió a otra camioneta en medio del trayecto.
No es la primera vez que un suceso como estos ocurre. El pasado 10 de febrero, la senadora Aída Quilcué y su esquema de seguridad fueron secuestrados por disidencias en el tramo Inzá-Toro (Cauca). Tras una hora desaparecida, la Guardia Indígena dio con su paradero. En ese entonces, Quilcué aún no era fórmula vicepresidencial del candidato Cepeda. Días después, los entonces candidatos al Congreso, Andrés Vásquez y Ana Libia Guetio, desaparecieron en medio de sus campañas. Se presume que fueron secuestrados.
El mapa de riesgo electoral en Colombia
Según la MOE, en el 57% de los municipios que tienen puestos de votación en zona rural hay presencia de grupos armados ilegales. Hasta el 30 de abril, había 386 municipios en riesgo electoral: 139 en riesgo extremo; 122 en riesgo alto y 125 en riesgo alto. Cauca y Antioquia son los departamentos más afectados.
“Los partidos que más votos tienen en la ruralidad colombiana son, en general, el partido Liberal y el Partido Conservador. Y en las regiones con presencia de GAI, les siguen el Pacto histórico, el Partido de la U y el Centro Democrático. Es decir, la ruralidad colombiana sigue siendo un escenario de disputa política plural”, explica Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Por ejemplo, en el Valle del Cauca también hay alerta. Como reportó esta nota de CW, 19 de los 42 municipios del Valle presentan riesgo electoral. De estos, 19 son por factores de violencia. En ese entonces, candidatos al Congreso del territorio manifestaron a este medio haber sido víctimas de amenazas, hostigamientos y que tienen limitaciones para poder recorrer algunas zonas del departamento.
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