La guerra del aguardiente llegó a su fin. La Corte Constitucional tumbó el monopolio departamental de licores que llevaba vigente desde 2016. Aunque fue establecida en la constitución del 91, la ley tenía una herencia colonial.
Al igual que una epopeya épica, el conflicto licorero inició cuando la Gobernación de Cundinamarca suspendió la venta del popular aguardiente amarillo de manzanares de la Industria Licorera de Caldas (ILC). Esto generó un amplio debate que puso de centro la libertad de competencia y las finanzas públicas departamentales a raíz de las rentas del monopolio.
La discusión escaló hasta la Corte Constitucional, en aras de equilibrar la balanza entre el monopolio rentístico con la libertad económica. Ahora los departamentos no tienen la facultad de imponer las rentas de sus respectivos aguardientes, pero se prepararan para diversificarlas. Un reto en un país donde, en palabras del exministro Bonilla, “la salud se financia con el vicio”.
El monopolio licorero: Una herencia colonial y la ley que cimentó dos bandos
Desde el siglo XVIII, el virreinato de la Nueva Granada mantenía una política fiscal en su Estado colonial a partir del monopolio de la industria del aguardiente. La tradicional colonial no murió con el nacimiento de la república, solo se transformó. En la Constitución de 1886 se autorizaron los monopolios de origen legal que contribuyeran a las arcas rentísticas del Estado. En 1905, estos pasaron de las manos de la nación a los departamentos, que mantuvo la constitución del 91.
Actualmente la industria de licores colombiana la integran ocho licoreras: Empresa de Licores de Cundinamarca; Industria Licorera de Caldas; la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia; Fábrica de Licores del Tolima; Industria de Licores del Valle; Industria Licorera del Cauca; Nueva Licorera de Boyacá y Unidad de Licores del Meta. Solo las tres primeras mencionadas tienen la capacidad para abarcar todo el mercado del país.
A partir de la Ley 1816 del 2016 se empezaron a reglamentar los monopolios. En el artículo 16 de esta, se establece que la plata de las rentas van hacia la salud (37%), la educación (14%), y deportes (3%) en los respectivos departamentos, obedeciendo así a lo ordenado por la Constitución de 1991. En algunos departamentos como el Valle del Cauca o Tolima estos son sus principales ingresos, que además provienen del impuesto al consumo de licor y por las utilidades de las empresas licoreras.
En el caso del aguardiente, existe una protección especial. Una salvaguarda que permite a los departamentos ejercer el monopolio de la producción directamente, y les da facultad de suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardientes en su jurisdicción.
El artículo 28 marca una línea. Afirma que la suspensión no podrá ser superior a seis años, y se otorga exclusivamente “por representar amenaza de daño grave a la producción local, sustentado en la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de productos similares, provenientes de fuera de su departamento a su territorio”.
Aunque las reglas no afectaban a todos por igual. De 15 departamentos que ejercían el monopolio de producción directa, ocho lo realizaban con empresas donde tienen participación. 24 departamentos ejercían el monopolio de introducción de licores destilados y otorgaban permisos. Y ocho territorios no ejercían ningún monopolio y aplicaban al impuesto al consumo de licores, como lo muestra este gráfico del diario La República.
La cacería del Amarillo y el aumento del contrabando
El aguardiente Amarillo Manzanares pasó de vender 400 mil botellas en el territorio nacional en 2020 a 7 millones en 2023, un crecimiento del 1650%. Este fue el suceso que lo llevó a perder su primera batalla en esta guerra ‘aguardientera’. Luego, el 6 de junio de este mismo año, Cundinamarca y Bogotá prohibieron su venta. Esto llevó a que el 70% del país también lo restringiera.
Elías Borrero, entonces gerente de la ILC, afirmó que la gobernación de Cundinamarca dejó de recibir 73 mil millones de pesos derivados del permiso de comercialización. Un caso que se repite en otros departamentos.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), la producción de las ocho licoreras que hay en el país alcanzó en 2022 los 129 millones de botellas de 750 mililitros. Y el aguardiente representa el 60% de la producción anual de las licoreras.
Una de las consecuencias de esta prohibición fue una ola de contrabando a lo largo de todo el país. En departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Huila y Cauca se reportaron múltiples incautaciones de licor de contrabando y adulterado durante 2024, con una tendencia hacia el Aguardiente Amarillo.
En el Valle del Cauca existe una correlación entre la salvaguarda que permitía la ley 1816 y el aumento del contrabando en la región. En 2019 se incautaron 909 botellas de contrabando y/o adulterados, un dato que creció un 540% al confiscar 5.823 botellas en 2024. Las principales marcas extranjeras que entraban al territorio como contrabando eran el aguardiente Amarillo de Manzanares, Antioqueño y Caucano.
La guerra que acabó con todas las guerras
La ILC demandó por inconstitucionalidad dos incisos del artículo 28 (primero y segundo) de la ley 1816 de 2016. Estos están fundamentados en la vulneración de libertad de competencia reconocida del artículo 333 de la Constitución del 91, la naturaleza de los monopolios rentísticos previstos en el artículo 336 y el derecho a la libre elección de los consumidores presente en el artículo 78.
En octubre de 2024, un año y medio después de la salvaguarda, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública en la que estuvieron los abogados, gerentes de las licoreras o gobernadores de Cundinamarca, Valle del Cauca y Caldas. Por invitación del magistrado Jorge Enrique Ibáñez también asistieron la Procuraduría y los Ministerios de Hacienda y Comercio.
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En la Sala Plena se establecieron dos posiciones. Una que apoyaba la eliminación del monopolio licorero, en el que estuvieron figuras como el abogado Pablo Felipe Robledo, Jorge Enrique Sánchez y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.
Gutiérrez argumentó que esto impulsaba el mercado ilegal. “No es justo que hoy en Bogotá, por ejemplo, se consiga pisco, vodka, whisky, ron de cualquier parte del mundo y no consiga Aguardiente Amarillo de Manzanares, producido en el departamento de Caldas. O sí lo consigo, pero no a $45.000 como es su precio real, sino a $90.000 en tiendas virtuales y sin saber si es o no es adulterado”, señaló.
Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, defendió al monopolio. Según dijo, se podrían perder más de 2 mil empleos en esa zona. Señaló que en 2017, cuando se expidió la ley, las ventas fueron de 4,3 millones de botellas y en 2002, escalaron a 10,8 millones.
“La salvaguarda, no ha sido obstáculo para el crecimiento del mercado en igualdad de condiciones. Pasamos de 13 millones de botellas a 20 millones en todo tipo de licores. Levantarla significaría para la Industria de Licores una afectación al plan estratégico establecido”, agregó Toro. En esta misma línea argumentó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que la Empresa de Licores de Cundinamarca dejará 550 mil millones en los próximos diez años.
“Colombia no es el único país con monopolio de la industria de licores. Canadá, con provincias como Ontario, Quebec, la Columbia Británica, ejercen el monopolio de distribución, controlando la misma a través de empresas públicas”, aseveró Juan Alberto Castro, director de la Acil.
El fin del monopolio, un golpe para las finanzas departamentales
El 4 de febrero de 2025, en su segunda votación, la Corte declaró inexequibles de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que permitía los gobernadores restringir el ingreso de aguardiente foráneo por seis años. Dijo que la salvaguarda afecta la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores.
Según confirmó a CW+ Noticias el concejal de Bogotá y abogado, Angelo Schiavenato, la permanencia de esta ley era insostenible. “Pese a la limitación de decisión ciudadana para proteger la industria local, los ciudadanos ya hacen parte de este debate y lo que estaba en juego era la libertad de elección”, dijo.
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“Es un golpe a la Licorera del Valle del Cauca. Ahora con la entrada de todos estos aguardientes, va a haber menos ventas, eso nos va a impactar la renta del departamento. Ahora se viene una nueva era para la licorera, tendremos modernizarnos, ampliar nuestro mercado”, dijo la gobernadora Toro. La mandataria señaló que en junio de este año los aguardientes de lLV estarán en todas las estanterías del país.
Los recursos derivados de la producción de aguardiente representan el 20% de los ingresos por impuesto al consumo en el Valle. En 2023, la ILV generó ingresos por más de $105 mil millones de pesos. Ahora deberán buscar otros caminos para evitar el hueco fiscal.
La Licorera de Caldas hace historia y promete una expansión
Desde Caldas, por otro lado, la noticia llega como un viento de euforia. Ellos cambiaron las reglas del juego para los licores y ahora el 70% del territorio nacional del que estaban vetados se convierte en un campo de ventas rico por el anhelo de tener de nuevo al aguardiente Amarillo en las estanterías del país.
Con el eslogan “un país sin fronteras” celebraron la apertura del mercado nacional a su aguardiente. Con una promesa de expansión internacional que proyecta vender 5 millones de unidades en 2027, en mercados como el europeo o estadounidense.
“El aguardiente era, hasta antes del fallo de la corte, el único producto que podía ser prohibido por un gobernador para ingresar a su departamento. Esto creaba un monopolio de mercado, pero la Constitución nunca les dio ese poder. Por eso, la Corte Constitucional declara salvaguarda como inconstitucional”, le dijo a CW+ Pablo Felipe Robledo, abogado de la ILC. Además, según dice, las ganadoras son las licoreras “eficientes” que tienen buenos productos y la capacidad de ganar el corazón de los colombianos.
Frente a la inequidad de condiciones que tienen algunas licoreras pequeñas o medianas como la del Tolima o del Valle para competir contra las tres grandes (Caldas, Cundinamarca y Antioquia), afirma que “en todos los mercados hay actores grandes, medianos y pequeños, y para sobrevivir, estos tienen que adaptarse a las condiciones del mercado”.
Según la gobernadora Toro, esta decisión puede significar un aumento desmesurado del contrabando en el Valle, pero Robledo no está de acuerdo. “Cuando el Valle estaba cerrado, había contrabando de aguardientes diferentes al Blanco del Valle, porque había demanda de productos que no se encontraban en el mercado legal. Ahora, cualquier persona puede comprar legalmente el aguardiente que desee”, explicó ante CW+.
Pese a la decisión de la Corte Constitucional, una nueva guerra inicia. Ya no en los pasillos de un juzgado, sino no en las estanterías de todo el país. Allí se jugarán los bolsillos de las grandes licoreras, la permanencia de las pequeñas, y más importante, los recursos de la salud y educación, que disminuirán notablemente este año si las licoreras no construyen estrategias que maticen el regionalismo o potencien la atracción hacia sus productos en todo el territorio nacional.
