La guerra del Aguardiente llegó a su fin. La Corte Constitucional tumbó el monopolio departamental de licores que llevaba vigente desde 2016, pero esta ley tenía una herencia colonial.
Al igual que una epopeya épica, el conflicto licorero que inició cuando la gobernación de Cundinamarca suspendió la venta del popular aguardiente amarillo de manzanares de la Industria Licorera de Caldas (ILC), esta tuvo varios capítulos que ponían de frente dos postulados.
Por un lado, quienes cuestionaron la libertad de competencia y de elección de los consumidores desde Caldas; que se contrarrestaba con la preocupación de los departamentos que imponían estos monopolios para robustecer las finanzas públicas en salud y educación. En un país donde “la salud se financia con el vicio”, como indicó el exministro de hacienda, Ricardo Bonilla.
La discusión escaló hasta la Corte Constitucional, que la sumergió en meses de debate e incluso una audiencia pública. Cuatro meses más tarde, el 4 de febrero de 2025, la Corte tomó una decisión. Los departamentos perderán la posibilidad de imponer el monopolio, una decisión que traerá consecuencias a las finanzas departamentales, pero que defiende el derecho a la libre competencia.
Así fue como escaló la guerra ‘aguardientera’ que cambiará la forma de vender este licor en Colombia.
El monopolio licorero: Una herencia colonial
Desde el siglo XVIII, el virreinato de la Nueva Granada mantenía una política fiscal en su estado colonial a partir del monopolio de la industria del aguardiente. La tradicional colonial no murió con el nacimiento de la república, solo se transformó.
En la Constitución de 1886 se autorizaron los monopolios de origen legal que contribuyeran a las arcas rentísticas del Estado. Y en 1905, estos pasaron de las manos a la nación a ser administrados por los departamentos.
La Constitución de 1991 mantuvo los monopolios como arbitrio rentístico y agregó algunos requisitos especiales. Pues estableció que deben tener una finalidad de interés público y que sus rentas deben estar destinadas, exclusivamente, a los sectores de salud y educación. Solo 25 años más tarde se reglamentaron los monopolios rentísticos de licor, a partir de la Ley 1816 del 2016.
Ley 1816 del 2016: La reglamentación del salvoconducto
La normativa que regula el monopolio licorero en Colombia tiene dos puntos para entender los dos bandos de la historia. El artículo 16, se enlaza con la Constitución de 1991, debido a que los recursos obtenidos de las rentas procedentes del monopolio del alcohol se redirigen hacia la salud (37%), la educación (14%), y deportes (3%) en los respectivos departamentos. Uno de los principales ingresos que tienen algunos territorios como el Valle del Cauca o el Tolima.
Los ingresos provienen del impuesto al consumo de licor y por las utilidades que dejan las empresas licoreras a los departamentos productores.
En el caso de los aguardientes, existe una protección especial. Una salvaguarda que permite a los departamentos ejercer el monopolio de la producción directamente, y les da facultad de suspender la expedición de permisos para la introducción de aguardientes en su jurisdicción.
El artículo 28, afirma que la suspensión no podrá ser superior a seis años, y se otorgará exclusivamente “por representar amenaza de daño grave a la producción local, sustentado en la posibilidad de un incremento súbito e inesperado de productos similares, provenientes de fuera de su departamento a su territorio”.
Así funcionaba el monopolio rentístico
Aunque las reglas no afectaban a todos por igual. De 15 departamentos que ejercían el monopolio de producción directa, ocho lo realizaban con empresas donde tienen participación.
La industria licorera colombiana está conformada por ocho licoreras: la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Industria Licorera de Caldas, la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria de Licores del Valle, la Industria Licorera del Cauca, la Nueva Licorera de Boyacá y la Unidad de Licores del Meta. Solo las tres primeras mencionadas tienen la capacidad para abarcar todo el mercado del país.
Los siete departamentos restantes son Caquetá, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño y Putumayo, que lo ejercían a través de contratación con terceros.
24 departamentos ejercían el monopolio de introducción de licores destilados, y otorgan permisos de introducción con una vigencia de 10 años, prorrogable por un término igual. En el lado contrario, están ocho territorios que no ejercen ningún monopolio y dan aplicación al impuesto al consumo de licores: Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, La Guajira, Sucre y San Andrés.
La cacería del Amarillo y el aumento del contrabando
Tras un crecimiento de 1650% en ventas, el aguardiente Amarillo Manzanares pasó de vender 400 mil botellas en el territorio nacional en 2020 a 7 millones en 2023. Un suceso que lo llevó a perder su primera batalla en esta guerra ‘aguardientera’.
El 6 de junio de 2023, el aguardiente Amarillo de Manzanares fue prohibido en Cundinamarca y en su defecto en Bogotá, uno de los mercados más importantes para el alcohol. Y con esta se vinieron restricciones al Amarillo en el 70% del país.
El entonces gerente de la ILC, Elías Borrero, afirmó en ese momento que la gobernación de Cundinamarca dejó de recibir 73 mil millones de pesos derivados del permiso de comercialización. Un caso que se repite en otros departamentos.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras (Acil), la producción de las ocho licoreras que hay en el país alcanzó en 2022 los 129 millones de botellas de 750 mililitros. Según Acil, el aguardiente representa el 60 por ciento de la producción anual de las licoreras.
Una de las consecuencias de esta prohibición fue una ola de contrabando a lo largo de todo el país. En departamentos como Tolima, Valle del Cauca, Huila y Cauca se reportaron múltiples incautaciones de licor de contrabando y adulterado durante 2024, con una tendencia hacia el Aguardiente Amarillo.
En el Valle del Cauca podemos ver la correlación entre el salvaguarda que permitía la ley 1816 y el aumento del contrabando en la región. En 2019 se incautaron 909 botellas de contrabando y/o adulterados, un dato que creció un 540% al confiscar 5.823 botellas en 2024. Las principales marcas extranjeras que entraban al territorio como contrabando eran el aguardiente Amarillo de Manzanares, Antioqueño y el Caucano.
La guerra que acabó con todas las guerras
Tras la prohibición del aguardiente más popular del país, en la ciudad más importante para el negocio. La ILC demandó por inconstitucionalidad dos incisos del artículo 28 (primero y segundo) de la ley 1816 de 2016. Fundamentados en la vulneración de libertad de competencia reconocida del artículo 333 de la Constitución del 91, la naturaleza de los monopolios rentísticos previstos en el artículo 336 y el derecho a la libre elección de los consumidores presente en el artículo 78.
En octubre de 2024, un año y medio después de la salvaguarda, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública, en la que estuvieron no solo los abogados, gerentes de las licoreras o gobernadores de Cundinamarca y Caldas.
Por invitación del magistrado Jorge Enrique Ibáñez asistieron los ministros de Hacienda y Comercio, la procuradora, gerentes de varias licoreras en el país e incluso la gobernadora del Valle del Cauca, preocupados por la eliminación de la salvaguarda.
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Dos bandos en la audiencia de la Corte Constitucional
En la Sala Plena se establecieron dos posiciones. Una que apoyaba la eliminación del monopolio licorero, en el que estuvieron figuras como el abogado Pablo Felipe Robledo, Jorge Enrique Sánchez y el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez.
Entre los argumentos de Gutiérrez, indicó que el monopolio empuja a los consumidores hacia el mercado ilegal y expresó como una injusticia que un gobernador sea quien determine qué aguardiente puede tomar su departamento.
“No es junto que hoy en Bogotá, por ejemplo, se consiga pisco, vodka, whisky, ron de cualquier parte del mundo y no consiga Aguardiente Amarillo de Manzanares, producido en el departamento de Caldas. O sí lo consigo, pero no a $45.000 como es su precio real, sino a $90.000 en tiendas virtuales y sin saber si es o no es adulterado”, agregó Gutiérrez.
Al otro lado, estaban actores que se verían afectados al desaparecer la salvaguarda y la defendieron a capa y espada. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que la salvaguarda la ha permitido crecer a la Industria de Licores del Valle, incluso generar más de 2000 empleos directos e indirectos solo en el Valle del Cauca.
“En 2017 —cuando salió la ley— las ventas fueron de 4,3 millones de botellas. Para el sexto año (2022), las ventas llegaron a 10,8 millones, presentando un incremento de 151%. La salvaguarda, no ha sido obstáculo para el crecimiento del mercado en igualdad de condiciones. Pasamos de 13 millones de botellas a 20 millones en todo tipo de licores. Levantarla significaría para la Industria de Licores una afectación al plan estratégico establecido”, agregó Toro.
En esta misma línea argumentó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, qué resaltó la importancia de vender y producir el aguardiente propio para tener ingresos superiores en las carteras de salud y educación. “En los próximos 10 años, producto de las ventas de nuestra Empresa de Licores de Cundinamarca, transferidas como recurso de capital tendremos, $550.000 millones”, añadió Rey.
Juan Alberto Castro Flórez, Director de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, también intercedió en la sala plena y comparó la situación con otros países. “Colombia no es el único país con monopolio de la industria de licores. Canadá, con provincias como Ontario, Quebec, la Columbia Británica, ejercen el monopolio de distribución, controlando la misma a través de empresas públicas”.
El fin del monopolio, un golpe para las finanzas departamentales
Tras un empate en la Corte el 5 de diciembre de 2024, el veredicto se conocería en 2025. Y dos meses después, el 4 de febrero del presente año, la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar inexequibles de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que permitía los gobernadores restringir el ingreso de aguardiente foráneo por seis años.
La Corte concluyó que la salvaguarda afecta la libre competencia y la libertad de elección de los consumidores, pues restringe de forma absoluta la posibilidad de que elijan libremente entre diferentes proveedores qué aguardiente desean consumir”, anunció en un comunicado.
Para el Concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato, la permanencia de esta ley era insostenible. Porque pese a la limitación de decisión ciudadana para proteger la industria local, los ciudadanos ya hacen parte de este debate y lo que estaba en juego era la libertad de elección.
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Ante este cambio en las finanzas departamentales, una de las principales defensoras del monopolio rentístico, la gobernadora Toro se refirió al futuro de la industria, de las rentas para la salud y el cambio que representará esta situación para el mercado licorero en el país.
“Es un golpe a la Licorera del Valle del Cauca. Porque ahora con la entrada de todos estos aguardientes, va a haber menos ventas, eso nos va a impactar la renta del departamento. Ahora se viene una nueva era para la licorera, tendremos modernizarnos, ampliar nuestro mercado, lograr que no solamente haya mercado en el Valle del Cauca, sino en todo el país y fuera del mismo, que lo estamos haciendo nosotros, pero muy tímidamente”.
Aseguró que en junio de este año los aguardientes de la Industria de Licores del Valle estarán en todas las estanterías del país. También le pidió ‘sentido de pertenencia’ a los Vallecaucanos al consumir productos locales, debido a que “está en juego la salud, la educación, el deporte de los vallecaucanos”, agregó.
Los recursos derivados de la producción de aguardiente representan el 20% de los ingresos por impuesto al consumo en el Valle. En 2023, la ILV generó ingresos por más de $105 mil millones de pesos. Por lo que deberán buscar otros caminos para evitar el hueco fiscal.
La Licorera de Caldas hace historia y promete una expansión
Desde Caldas, los ánimos son diferentes. Ellos cambiaron las reglas del juego para los licores y ahora el 70% del territorio nacional del que estaban vetados se convierte en un campo de ventas rico por el anhelo de tener de nuevo al aguardiente Amarillo en las estanterías del país.
Con el eslogan “un país sin fronteras” celebraron la apertura del mercado nacional a su aguardiente. Con una promesa de expansión internacional que proyecta vender 5 millones de unidades en 2027, en mercados como el europeo o estadounidense.
Según el abogado de la ILC, Pablo Felipe Robledo, esta decisión tiene muchos beneficiarios como los consumidores, la libre competencia, el aumento en las rentas de los departamentos que antes tenían salvaguarda, el crecimiento de ingresos para la salud y la educación.
“El aguardiente era, hasta antes del fallo de la corte, el único producto que podía ser prohibido por un gobernador para ingresar a su departamento. Esto creaba un monopolio de mercado, pero la Constitución nunca les dio ese poder. Por eso, la Corte Constitucional declara salvaguarda como inconstitucional”, señaló Robledo sobre la decisión de la Corte.
A su carácter, las ganadoras de este fallo son las licoreras “eficientes” que tienen buenos productos y la capacidad de ganar el corazón de los colombianos. “Muy preocupante, la situación para aquellas licoreras que no tienen buenos productos ni la capacidad de conquistar a los consumidores; les tocará reinventarse bajo esta nueva realidad que es, en esencia, la competencia”, agregó Robledo, frente a la competencia que iniciará en los próximos días.
Frente a la inequidad de condiciones que tienen algunas licoreras pequeñas o medianas como la del Tolima o del Valle para competir contra las tres grandes (Caldas, Cundinamarca y Antioquia), afirma que “en todos los mercados hay actores grandes, medianos y pequeños, y para sobrevivir, estos tienen que adaptarse a las condiciones del mercado. Así sucede también con las licoreras.”
Una nueva guerra se avecina: Una comercial
Aun con la guerra finalizada por parte de la Corte, hay roces entre las visiones de esta decisión. Para la gobernadora Toro, esta decisión puede significar un aumento desmesurado del contrabando en el Valle, por lo que planean aumentar las estrategias anticontrabando. Situación con la que no está de acuerdo Robledo, quien le dijo a CW+:
“Cuando el Valle estaba cerrado, había contrabando de aguardientes diferentes al Blanco del Valle, porque había demanda de productos que no se encontraban en el mercado legal. Los consumidores los buscaban en departamentos limítrofes (por ejemplo, Risaralda o Pereira) y se generaba contrabando. Ahora, con la eliminación de la restricción, cualquier persona puede comprar legalmente el aguardiente que desee, lo que se espera acabe con la necesidad de contrabandear.”
Pese a la decisión de la Corte Constitucional, ahora inicia una nueva guerra, ya no en los pasillos de un juzgado. Sino en las estanterías de todo el país, donde se jugarán los bolsillos de las grandes licoreras, la permanencia de las pequeñas, y más importante, los recursos de la salud y educación, que disminuirán notablemente este año si las licoreras no construyen estrategias que maticen el regionalismo o potencien la atracción hacia sus productos en todo el territorio nacional.
