A casi cinco meses del 2026, Cali sigue sin tener un contralor en propiedad. La elección, que debió consumarse en diciembre del año pasado, pasa por una turbulencia de acusaciones, denuncias y presuntas presiones e irregularidades. Todo comenzó cuando la Procuraduría alertó supuestos vicios en el proceso liderado por la mesa directiva del Concejo y que alcanzó a tener lista su terna para el cargo.
Contexto: Pujas y denuncias: las sombras detrás de la frenada elección de contralor de Cali.
Una denuncia que reposa en la Fiscalía señala al procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Benjamín Samuel Arrieta, de presuntamente extralimitar sus funciones y prevaricar por acción por supuestas irregularidades en su intervención en ese proceso. Las alertas de Arrieta pusieron en un limbo la elección de contralor, pues algunos concejales se han apartado del proceso por miedo a represalias judiciales. Además, recientemente el Consejo de Estado ya le dio un plazo de tres meses al Concejo para elegir.
CW+ Noticias accedió a la denuncia completa, interpuesta por el abogado Eduardo Castillo en noviembre del año pasado. En el documento, Castillo acusa al procurador Arrieta de intervenir el concurso cuando su despacho no tenía autoridad para hacerlo, de crear reglas inexistentes y de tener una “intención dolosa” de sabotear la elección del contralor. Además, señala un supuesto ‘boicot coordinado’ en el cabildo.
Acá las claves de la denuncia:
1. El procurador Arrieta “prevaricó”
Castillo denunció al procurador Samuel Arrieta en la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 del Código Penal. El abogado señala que su motivación es “evitar un precedente de corrupción que a nivel nacional viene afectando diferentes esferas, incluso, como en este caso, nada menos que comportamientos de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación”.
Todo se enmarca en octubre del 2025, cuando la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en cabeza de Arrieta, le pidió al Concejo de Cali no elegir contralor hasta subsanar presuntos vicios e irregularidades. Determinó que la mesa directiva de la corporación no delegó funciones e incumplió el deber de publicación previa del proyecto de convocatoria.
El proceso, que estaba en manos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) para apoyo técnico y logístico, entró en un bucle. Ante la negativa de 14 concejales para elegir, a pesar de que dos fallos de jueces diferentes le han dado luz verde al proceso, este ha sido aplazado más de tres veces.
Para este año, la elección no quedó programada ni en sesiones extraordinarias ni en las ordinarias y el alcalde Alejandro Eder designó a Luz Arianne Zúñiga como contralora encargada. Sin embargo, este 29 de abril el Consejo de Estado admitió una acción de tutela interpuesta por Diego Mauricio López —uno de los ternados— y le ordenó al Concejo elegir contralor en máximo tres meses y poner a uno encargado en los próximos cinco días, por lo que Zúñiga saldría del cargo.
Bajo este contexto, la denuncia asegura que el procurador Arrieta prevaricó y usurpó competencias porque no le competía ese proceso. Argumenta que la actuación “fue ejercida sin tener la competencia territorial ni temporal para promover la actuación preventiva y de juzgamiento” y que “la vigilancia de este proceso electoral “corresponde por naturaleza a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca”.
2. Desmiente argumentos de la Uptc
El Concejo contrató a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) para prestar servicios de asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para el diseño, elaboración y aplicación de pruebas, así como la valoración de antecedentes dentro de la convocatoria pública para elegir al contralor de Cali. También se incluyó el apoyo a la atención y respuesta a las reclamaciones de los participantes.
Ante ese panorama, el procurador Arrieta acusó al Concejo de entregar ilegalmente sus facultades de decisión a la Uptc. Según el funcionario, la universidad fue facultada para “resolver y notificar reclamaciones” cuando esto solo le corresponde a la mesa directiva del Concejo y por eso habría un vicio. Sin embargo, la denuncia de Castillo desmiente al procurador y dice que el contrato solo le exigió a la Uptc disponer de un equipo técnico que “acompañara el proceso de estructuración de las respuestas a las reclamaciones”.
Además, citó un fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2024, el cual resolvió un caso similar y dictaminó que la responsabilidad de la convocatoria por parte del Concejo “no implica que ella no pueda apoyarse en la operatividad de la misma” mediante entidades académicas certificadas. El fallo concluye que una universidad sí puede atender reclamaciones conforme al contrato, “sin que ello implicara un acto de delegación ni una usurpación de funciones públicas”.
3. Hubo extralimitación de funciones
Según la denuncia, el procurador Arrieta usó el tema de la Uptc para argumentar faltas disciplinarias que no existen y amenazar al Concejo con acciones disciplinarias. Por eso, dice que “extralimitó sus funciones” porque prejuzgó al Concejo y esto es algo que sería ajeno a la labor preventiva que tiene en su cargo.
Castillo argumenta que Arrieta constriñó e impidió la elección del contralor y vulneró tanto el debido proceso como el derecho de defensa de los involucrados al dar por definida una falta disciplinaria. Además, asegura que también vulneró la presunción de legalidad del proceso, lo que usurpa un análisis que estrictamente debió resolverse vía judicial o disciplinaria.
4. Las inconformidades con el Concejo de Cali
En la denuncia se evidencia que el abogado Castillo designó a Luis Alberto Quintero como investigador privado para vigilar el comportamiento del Concejo entre el 27 y 28 de noviembre del 2025, días de entrevista y votación para elegir contralor. En su informe de investigación, Quintero asegura que hubo una “obstrucción y dilaciones injustificadas” porque radicó una petición ante la Secretaría del Concejo para conocer la asistencia de los concejales, la cual tardó un día en ser respondida.
Según Quintero, el secretario del cabildo, Herbert Lobatón Currea, dilató injustificadamente la respuesta a la petición al argumentar que primero necesitaba la autorización del presidente del Concejo, quien en ese entonces era Edinson Lucumí, de Cambio Radical. Para el 28 de noviembre, Quintero recibió a la 11:29 a.m. la respuesta a la cual calificó de ser “parcial, limitada e insuficiente”.
En la respuesta emitida por la Secretaría del Concejo, se dice que se citaron a los 21 concejales a la sesión del día siguiente y que el concejal Carlos Andrés Arias presentó excusa para justificar su falta. Sin embargo, no justificó las ausencias de otros concejales que, según se infiere de su respuesta, fueron otros 14 más. Es decir, solo asistieron seis: Edinson Lucumí, Ana Erazo, María del Carmen Londoño, Roberto Ortiz, Flower Rojas y Rodrigo Salazar.
Además, la investigación determinó que varios concejales sí se presentaron en el edificio y asistieron a las sesiones de la tarde, donde se debatieron temas de presupuesto y tierras. Pero decidieron no ingresar a la Plenaria con la “intención dolosa de sabotear” la elección del contralor. Por esto y más, Quintero concluyó que se estaba afectando la transparencia del proceso y radicó una tutela por vulneración al derecho de petición y acceso a información pública.
Cabe resaltar que el pasado 10 de marzo, el activista Fede Castiblanco, publicó en su cuenta de X presuntos archivos filtrados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que serían parte de esta investigación. En esos documentos se menciona todo un entramado corrupto que incluye al procurador Arrieta.
Presuntamente, Arrieta ordenó suspender el proceso a cambio de un soborno por 600 millones de pesos y el aval de La U para el Concejo de Bogotá. Esa plata sería entregada por el concejal Carlos Arias, de esa misma colectividad. Pero nada de esto está confirmado todavía. Por ahora, la denuncia sigue en curso. La última actualización cargada en el Spoa de la Fiscalía fue del 16 de diciembre bajo el concepto de “actividad investigativa adelantada por el equipo de trabajo de la Fiscalía u otra actuación procesal”.
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