Fuentes de la Fiscalía confirmaron a CW+ Noticias que ese órgano sí está investigando presuntas irregularidades en la elección del contralor de Cali. El caso está en etapa de indagación, ya tiene número de noticia criminal e incluye nombres clave de algunos concejales de la ciudad, así como otros funcionarios públicos. Aunque este medio buscó comunicarse con el fiscal del caso y obtener más información al respecto, no fue posible. La oficina de comunicaciones aseguró que, al estar en indagación, cuenta con exclusiva reserva.
La confirmación llega días después de que el activista y veedor, Fede Castiblanco, publicara unos documentos en su cuenta de X presuntamente filtrados por la Fiscalía sobre tal investigación. Aunque aún no hay ratificación de que sean verdaderos, lo cierto es que la Fiscalía tiene el ojo puesto sobre el proceso, que ya lleva más de cinco meses en vilo.
El caso se abrió a partir de una denuncia interpuesta por el jurista y exprocurador Eduardo Castillo González, quien argumenta supuestas interferencias indebidas del procurador y excongresista Samuel Benjamín Arrieta en el proceso. Incluso, en esta columna para el Diario Occidente, Castillo cuestiona si se trata de un cálculo político. Este medio contactó a algunos concejales para conocer sus versiones y si han sido notificados, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.
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—Así va la investigación en la Fiscalía
La investigación por presuntas irregularidades en la elección del contralor ya cuenta con su número de noticia criminal. Se encuentra en etapa de indagación, es decir, en el estado preliminar de la investigación donde la Fiscalía recolecta pruebas y toda la información clave para determinar si hay elementos suficientes para continuar con el proceso o archivarlo.
Según lo que arroja la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), la fecha de los hechos se enmarca en el 9 de octubre del 2025. El caso además está en la Fiscalía 76 Seccional de Cali, en la Unidad de Administración Pública y se asignó formalmente el 2 de diciembre del año pasado.
La investigación se da por el delito de prevaricato por acción, estipulado en el artículo 143 de la Constitución y tendría que ver con algunos concejales de Cali, congresistas e incluso con el procurador segundo delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta. La denuncia, interpuesta por el exprocurador y exmagistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle, asegura que Arrieta intervino de manera irregular en el proceso.
En las actuaciones registradas en el SPOA, el programa metodológico de la investigación se registró el 11 de diciembre del 2025. Ese es el que organiza el fiscal y su equipo para determinar los pasos a seguir para continuar con la investigación del delito. En esa misma fecha y el 16 de diciembre, o sea, cinco días después, la Fiscalía adelantó actividad investigativa.
—Contexto de las presuntas irregularidades en el proceso
Como reportó esta nota de CW+ Noticias, el tema de la elección de contralor de Cali viene desde hace más de cinco meses. Incluso, escaló de lo local hasta el Congreso, cuando los representantes Hernando González y Alfredo Mondragón solicitaron intervención directa del procurador general, Gregorio Eljach, y vigilancia de la Fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo.
A finales de octubre del año pasado, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública encontró vicios e irregularidades en el proceso de elección y pidió no elegir hasta subsanarlos. Encontró que faltó el acto de delegación de funciones. Ante esto, 14 concejales se han opuesto a elegir, pero dos fallos de jueces diferentes le han dado luz verde. Sin embargo, la Mesa Directiva del Concejo ordenó revocar el proceso.
Los documentos publicados por el activista Fede Castiblanco hablan de un entramado para tumbar la elección: se mencionan reuniones entre el excontralor de Cali, Pedro Ordónez, con el personero de Yumbo, Mauricio Castañeda, para “sabotear” el proceso porque este último no alcanzó a quedar inscrito. También interferencias de los concejales Daniela Plaza, Edison Lucumí y Carlos Andrés Arias.
Los documentos relatan incluso que el procurador Arrieta ordenó suspender el proceso a cambio de un soborno por 600 millones de pesos y el aval de La U para el Concejo de Bogotá. Esa plata sería entregada por el concejal Arias, de La U. Pero nada es confirmado aún.
Por ahora, tanto Arias como Plaza niegan la existencia de tal investigación. CW+ Noticias volvió a contactarlos para esta nota, pero no obtuvo respuesta alguna. Una fuente cercana al proceso y que pidió su reserva por seguridad, confirmó a este medio que la citaron a indagar y que, en efecto, la investigación es real.
Mientras tanto, la ciudad sigue sin contralor en propiedad. Luz Arianne Zúñiga, designada por el alcalde Alejandro Eder, está en encargo mientras se resuelven los líos jurídicos. En el Concejo, el pulso está dividido entre quienes afirman que se trata de un proceso irregular y niegan irregularidades; y los que aseguran que el alcalde y otras figuras poderosas quieren imponer un contralor “a dedo” a costa de constreñimientos y presiones.
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