El mercado del aguardiente en Colombia ha entrado en una nueva era de competencia. La reciente decisión de la Corte Constitucional de levantar el monopolio sobre la comercialización de este licor ha desatado una serie de movimientos estratégicos por parte de las principales licoreras del país.
Uno de los primeros jugadores en reaccionar ha sido la Industria de Licores de Caldas, que ya solicitó los permisos para vender sus productos en el Valle del Cauca. Esto significa que marcas como Amarillo y otras del portafolio de la empresa podrán competir directamente en este mercado, una situación que ha encendido las alarmas en la región.
Martha Isabel Ramírez, gerente de Rentas del Valle, explicó que la solicitud debe ser evaluada en un plazo de un mes y que es previsible que otras empresas sigan el mismo camino. Aunque la producción de aguardiente sigue bajo control de los departamentos, la comercialización se ha abierto, lo que podría generar cambios drásticos en la industria.
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Riesgos y oportunidades
El levantamiento de la restricción ha despertado tanto preocupaciones como expectativas. Por un lado, María Victoria Machado, directora del Departamento de Hacienda del Valle, advierte que esta situación podría impactar negativamente las rentas del departamento. En su opinión, la llegada de nuevos competidores podría reducir los precios del aguardiente en los próximos años, afectando el recaudo tributario.
Por otro lado, desde la Industria de Licores del Valle (ILV), su subgerente de Mercadeo, Julián Dorado, ve esta coyuntura como una oportunidad para expandir su mercado. Actualmente, la empresa comercializa alrededor de 10 millones de botellas en el Valle del Cauca, pero con la apertura del mercado espera captar una porción mayor de las 100 millones de botellas que se consumen anualmente.
La ILV no quiere quedarse atrás y ya ha solicitado permiso para vender en 29 de los 32 departamentos del país. Su estrategia de expansión incluye alianzas con distribuidores como el Consorcio Disblanco en Cundinamarca y Quindío, el grupo Giraldo en Risaralda y Caldas, y el Consorcio Zona Caribe en la región norte del país. Además, está en conversaciones para entrar en mercados claves como Antioquia y Boyacá.
En paralelo, la Gobernación del Valle está trabajando en la modernización de su Estatuto Tributario para adaptarse a esta nueva realidad. La propuesta busca optimizar el recaudo, reducir sanciones y fortalecer los controles contra el contrabando de licores y cigarrillos. Esta medida podría ser clave para que el departamento mantenga su estabilidad fiscal en medio del cambiante panorama del aguardiente.
La competencia ya ha comenzado y, con ella, la transformación del negocio del aguardiente en el país. Las licoreras están ajustando sus estrategias y las autoridades buscan equilibrar el impacto en las finanzas públicas. En los próximos meses, el mercado dará sus primeros indicios de cómo se reorganizará esta industria.
