La polémica estalló tras la difusión de un video de más de 27 minutos en el que Andrés Gustavo Ricci, condenado a 45 años y nueve meses de prisión por el feminicidio de Luz Mery Tristán, expone su versión de los hechos desde la cárcel de alta seguridad La Picaleña, en Tolima. El hecho ha causado un profundo malestar entre la ciudadanía, la familia de la víctima y las autoridades del Valle del Cauca.
Una de las voces más firmes fue la de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien calificó la situación como inadmisible y exigió acciones inmediatas al Ministerio de Justicia y al INPEC. “El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer. No podemos permitir que se revictimice a quienes ya han sufrido tanto”, expresó la mandataria en sus redes sociales.
Toro rechazó de manera contundente lo que considera ‘privilegios injustificables’ para una persona condenada por un crimen atroz. “No se puede permitir que se usen plataformas digitales para tergiversar la realidad o sembrar dudas sobre un proceso judicial claro”, añadió.
Familia de Luz Mery Tristán también manifestó su rechazo e indignación
La familia de Luz Mery Tristán también rompió el silencio. Victoria Tristán, hermana de la víctima, le manifestó su dolor e impotencia frente a la publicación al noticiero 90 Minutos: “Este video solo vuelve a abrir heridas. ¿Cómo es posible que alguien privado de la libertad tenga acceso a estas plataformas? Nos sigue haciendo daño”.
La indignación ha llegado también al ámbito jurídico. El abogado penalista Elmer Montaña explicó que, aunque los reclusos conservan ciertos derechos como la libertad de expresión, estos no deben ser utilizados para revictimizar ni alterar el orden penitenciario. “El sistema penitenciario restringe la movilidad y otros derechos, pero no hay una prohibición directa para expresarse. Sin embargo, si el contenido vulnera a las víctimas o sus familias, se deben tomar medidas”, señaló al noticiero 90 Minutos.
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En este contexto, la controversia no solo gira en torno al contenido del video, sino también a cómo fue posible su grabación y publicación desde una cárcel de alta seguridad. Mientras se esperan respuestas institucionales, la familia Tristán hace un llamado a la sociedad: no compartir ni reproducir el video, como forma de respeto y solidaridad hacia la memoria de Luz Mery.
El caso plantea una discusión de fondo sobre los límites de la libertad de expresión en contextos penitenciarios y, especialmente, cuando esta afecta el duelo de las víctimas. Por ahora, la presión pública se centra en que las autoridades tomen medidas para evitar que hechos como este se repitan.
