Las constantes asonadas contra el Ejército en la zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, no son reacciones espontáneas de la comunidad. Según inteligencia militar, estos hechos responden a una estrategia planificada por las disidencias de las FARC, específicamente por la estructura Jaime Martínez, que estaría utilizando a supuestos líderes sociales para manipular a la población y bloquear las operaciones militares.
Una de las figuras clave en este entramado es una mujer conocida como la Gorda L, quien frecuenta el corregimiento de La Liberia. Aunque es vista por algunos como líder comunitaria, los reportes de inteligencia indican que su verdadero rol sería coordinar acciones para obstaculizar el avance de las tropas y proteger los intereses del grupo armado.
Zona gris entre lo civil y lo armado
SEMANA tuvo acceso exclusivo a varios audios en los que se escucha a la mujer ordenando movilizaciones en veredas estratégicas. En uno de los mensajes, exige a los habitantes: “Vayan activando las veredas”, lo que, según los investigadores, significa organizar a la comunidad para detener el paso del Ejército en puntos controlados por la Jaime Martínez.
Además de las órdenes, los mensajes incluyen amenazas directas. Quienes no salgan a participar de las asonadas son sancionados con multas de hasta 500.000 pesos. También se reportan intimidaciones más graves, como advertencias de muerte o destierro, lo que genera un ambiente de presión y temor entre los pobladores.
Las escenas de civiles rodeando a los militares en zonas rurales de Jamundí no son actos aislados. Forman parte de un patrón de acción con el que las disidencias buscan frenar las operaciones oficiales, proteger sus rutas y reforzar su control territorial. Esta estrategia, en la que se usa a la población civil como barrera, impide la actuación efectiva del Ejército y complica el accionar institucional. La comunidad, lejos de actuar de forma voluntaria, obedece por miedo a represalias, bajo el liderazgo de personas como la Gorda L.
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El uso de figuras sociales para encubrir acciones ilegales representa un desafío para las autoridades, además la frontera entre el liderazgo comunitario legítimo y la colaboración con estructuras criminales se ha vuelto cada vez más borrosa. Aunque aún no hay capturas, la información recopilada ya fue entregada a la Fiscalía. Las autoridades alertan que estas prácticas no deben confundirse con protestas legítimas, sino que hacen parte de una estrategia de guerra.
